La crisis de la listeriosis relacionada con el consumo de productos de la empresa sevillana Magrudis, que provocó tres fallecimientos y cinco abortos y acabó con dos investigados a la espera de juicio, cumple un año con una Andalucía inmersa en una pandemia mundial por el Covid-19 y un brote de meningoencefalitis vírica provocada por el virus del Nilo y que afecta ya a una veintena de personas en la provincia de Sevilla.
La Consejería de Salud y Familias decretaba el 15 de agosto de 2019 la alerta sanitaria por el brote de listeriosis --el mayor de Europa-- relacionado con el consumo de productos de empresa Magrudis, ubicada en Sevilla, una alerta que la Consejería amplió el 21 de agosto a cuatro productos más de esta fábrica. Cuatro días después, la Junta formó el Gabinete Técnico del Brote de Listeriosis, presidido por el consejero, Jesús Aguirre, y compuesto por epidemiólogos, directivos sanitarios y especialistas de sociedades científicas.
Además, y después de la primera alerta sanitaria del día 15, la Consejería declaró el 6 de septiembre otra alerta, esta vez alimentaria, por listeriosis y por carne mechada de una marca de Paterna de Rivera (Cádiz), y seis días después, el 12, una nueva alerta sanitaria por listeria por el consumo de los productos de una empresa de Benaoján (Málaga).
Durante sus dos meses de actividad, el brote provocó tres fallecimientos --1,5% de mortalidad-- y cinco abortos. Además, hasta el levantamiento de la alerta el 17 de octubre, una vez confirmado que el riesgo de nuevos contagios era "casi nulo" y que los productos que causaron las toxiinfecciones alimentarias se encontraban fuera de los circuitos de producción y de distribución, se habían declarado un total de 204 casos, 176 asociados a la cepa de Magrudis. El pico de hospitalización con 125 pacientes se alcanzó el 22 de agosto.
Por estos hechos y, a espera de juicio, están investigados tanto el propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodriguez, como su padre y 'administrador de hecho', José Antonio Marín Ponce, ambos actualmente en libertad provisional después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que lleva la investigación, ratificase el 20 de abril de este año un auto fechado un mes antes, el 17 de marzo, que decretaba libertad provisional sin fianza, desestimando de ese modo los recursos de reforma promovidos por Facua y la representación de otros afectados.
A ambos investigados se les atribuye un presunto delito contra la salud pública, en modalidad de fraude alimentario, tres de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes tras el brote de listeriosis.
Los dos máximos responsables de la empresa fueron encarcelados el 26 de septiembre; dos días antes fueron detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) junto a otros cuatro cargos de la empresa 'La Mechá', tras el precinto y registro de la nave por orden del Juzgado de Instrucción número 10.
En este Juzgado han prestado declaración, entre otros, una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, inspectora del Servicio de Consumo de la Dirección de Economía y Comercio, que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis, en calidad de investigado y el gerente del laboratorio que detectó la listeria, en febrero de ese mismo año --seis meses antes de que se decretara la alerta sanitaria-- como testigo.
El informe encargado por la juez a un perito para determinar el nivel de bacteria existente en la carne mechada determinó que tenía 149.900 más listeria que la tolerable.
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