El Ayuntamiento de San Roque ha impuesto una sanción de 1.933.806,75 euros a Cepsa SAU por los movimientos de tierra efectuados en el monte de los Castellones, en una parcela de su propiedad ubicada en el área denominada CP2PEI en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) de San Roque, vinculados al proyecto Fondo de Barril.
El decreto número 2020-3217, dispuesto por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, fechado el 24 de julio, clasifica la infracción como “grave” por un “importante incremento de la excavación prevista” respecto al proyecto al que el Ayuntamiento otorgó la licencia municipal.
Esa circunstancia respecto a los movimientos de tierras quedó reflejada, como recuerda el decreto, en el informe técnico del 10 de octubre de 2019, que refleja que los trabajos pasaron “de un volumen de excavación proyectado de 91.899 metros cúbicos a un volumen estimado de 245.906 metros cúbicos”.
El documento refleja que “también se ejecutaron caminos provisionales, sin licencia, con una superficie de vial estimada de 13.800 metros cuadrados, correspondiente a una longitud de 2.300 metros y una anchura media de 6 metros.
Todo ello contraviene, según indica el decreto, el artículo 207.3.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y artículo 78.3.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La sanción económica, que asciende a 1.933.806,75 euros, se establece “de acuerdo con el artículo 215 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA”, explica el documento.
Denuncia de Verdemar
Esta actuación, así como la paralización de los trabajos, que se llevó a cabo meses atrás, parte de una denuncia de Verdemar Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar, que el 9 de agosto de 2019 presentó en el Ayuntamiento de San Roque el escrito en el que denunciaba, entre otros aspectos, los movimientos de tierra de desmonte que Cepsa venía realizando en el monte de los Castellones.
Estos movimientos, según el colectivo ecologista, supusieron el desmonte de más de 3.000 acebuches y otras especies para ejecutar el proyecto Fondo de Barril, con el que la refinería Gibraltar-San Roque, de Cepsa, ampliaría su superficie de casi 25 hectáreas.
El 11 de octubre de 2019 Ruiz Boix dictó el decreto número 4357, que ordenaba “la inmediata suspensión de las obras” que se venían realizando en el área CP2PEI que excediesen las autorizadas por la licencia municipal.
Precisamente en octubre del pasado año, cuando el Ayuntamiento ordenó la paralización de los trabajos, desde Verdemar denunciaron que “el proyecto Fondo de Barril se encuentra en exposición pública y los movimientos de tierra continúan con el beneplácito del Ayuntamiento de San Roque y la Junta de Andalucía, desmontando el monte de Los Castellones esquilmando todo ser vivo, usurpando vías pecuarias y restos arqueológicos de la ciudad de Carteia”.
Sin embargo, un informe jurídico emitido el 21 de julio de este año explica que las obras correspondientes a “recuperación voluntaria del suelo y precarga” y a la “relocalización de infraestructuras existentes, LAT y tuberías”, excedieron en volumen el movimiento de tierras previsto.
Es este informe el que ha servido de base para la propuesta de sanción reflejada finalmente en el decreto firmado por Ruiz Boix y que impone una multa de casi dos millones de euros a Cepsa.
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