La Junta de Andalucía prestó en junio ayudas directas a 20.019 familias en situación de pobreza, como consecuencia de la crisis por la pandemia del coronavirus, la mayor cifra de la historia y un número superior a todas las unidades familiares atendidas en 2018.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha explicado este viernes en su comparecencia en la comisión del Parlamento andaluz sobre la reactivación de Andalucía tras la crisis de la COVID-19 que estas ayudas han mitigado la mayor crisis social vivida después de la Guerra Civil, que ha generado "un momento de emergencia social sin precedentes".
Ha explicado que la Junta movilizó nada más declararse la pandemia un plan de emergencia social, dotado con 76,7 millones, para atender los casos más urgentes, que han financiado actuaciones como las tarjetas monedero para compra de productos básicos, de las que se han beneficiado 26.000 familias gracias a un presupuesto de 17 millones de euros.
También ha financiado la contratación de 1.200 trabajadores más para reforzar las plantillas de centros asistenciales y de atención a menores , mantener su financiación y agilizar el pago de estos servicios sociales, lo que ha minimizado el impacto de la pandemia y ha permitido que Andalucía sea "la segunda comunidad autónoma con un menor número de fallecidos en residencias de mayores", ha remarcado.
Rocío Ruiz ha alertado de que, pese a estas actuaciones urgentes, "el escenario futuro no es muy alentador", ya que la crisis económica disparará la demanda de prestaciones sociales.
La consejera de Igualdad ha criticado que PSOE y Adelante Andalucía no participen en esta comisión parlamentaria, una decisión que justificaron por presidirla Vox, y ha enfatizado que le parece "inconcebible" que aunque no quieran escucharla a ella, también se nieguen a escuchar a oenegés y otras asociaciones convocadas por el Parlamento "que están trabajando a pie de guerra por los barrios más desfavorecidos y por las personas más vulnerables".
La responsable de Igualdad ha señalado que, junto a las medidas urgentes para minimizar la pandemia, su consejería y la de Salud trabajaban antes de la crisis de la COVID-19 en un nuevo modelo de asistencia sociosanitaria para Andalucía, que aplicará el decreto de simplificación administrativa aprobado recientemente por el Gobierno andaluz y para el que ha encargado un estudio a la Universidad de Jaén.
También ha destacado el "esfuerzo" que realiza su departamento con el plan de choque para solventar los retrasos acumulados en la renta mínima y en las pensiones no contributivas durante los últimos años.
Ruiz ha destacado que las políticas sociales "no sólo garantizan una imprescindible protección social y cobertura de las necesidades básicas, sino que contribuyen a la cohesión social" y son "un motor de creación de empleo y generación de riqueza, así como para la fijación de la población en el medio rural".
Ha recordado que el sector de la dependencia mantiene 45.000 puestos de trabajo en Andalucía y ha demandado al Gobierno central una financiación suficiente para el mantenimiento de los servicios sociales básicos y de las políticas de igualdad.
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