"La democracia se ha detenido a las puertas de las fábricas”. Norberto Bobbio describía así las dificultades de los jóvenes sistemas democráticos de la Europa meridional para consolidar en el seno de las empresas un sistema de relaciones laborales que homologara los catálogos de derechos y libertades ciudadanas. La Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores y el grueso de la legislación laboral instan al equilibrio de intereses y refuerza los derechos de participación, información y canaliza amplios márgenes de conflicto y organización por la vía de la acción sindical. La libertad sindical es, así, un bien jurídico de primer orden en nuestro modelo de Estado, aunque esta no haya sido debidamente incorporada a la cultura empresarial como valor de modernización. La crisis de 2008 agudizó sus efectos negativos al optarse políticamente por la única vía de la devaluación de costes en materia económica que, necesariamente, tuvo que acompañarse de mayores cuotas de poder unilateral empresarial, dificultades al papel de las organizaciones sindicales -incluida la propia criminalización de su actividad por la vía del artículo 315.3 del código penal- y, al fin, un estado generalizado de miedo, vulnerabilidad y precariedad en el mundo del trabajo, en el que vivimos la mayoría de hombres y mujeres de este país.
La crisis sanitaria en la que aún estamos inmersos ha evidenciado, entre otras cosas, que la salud laboral es un determinante de primer orden para garantizar el estado general de salud pública. Durante el Estado de alarma y aún hoy está siendo fundamental el papel de los cientos de miles de delegados y delegadas sindicales que en este país defienden el derecho a volver al trabajo de forma segura, sin poner en riesgo la salud de quien trabaja como mejor cortafuegos a la propagación del virus. De igual forma, en Sevilla han sido decenas de miles las personas atendidas y asesoradas por Comisiones Obreras en estos tres meses en materia de ERTE, despidos fraudulentos y mil casuísticas que reflejan la necesidad de contar con una referencia sindical que contrarreste la picaresca empresarial habitual en estos lares.
En este contexto de necesario consenso -algo que es valorado de forma mayoritaria en todos los sondeos- la dimensión laboral ha renovado su centralidad en la agenda política y el papel del sindicalismo está siendo crucial para fraguar acuerdos de primer orden. Es por ello que resulta aún más deleznable la reacción de algunas empresas que desarrollan su actividad en nuestra provincia -con ímprobos apoyos institucionales en algunos casos- y que han optado por despedir, sancionar o acosar a quienes se han dejado la piel reclamando las medidas preventivas más básicas en plena crisis sanitaria, o quienes han representado a sus compañeros en la negociación de ERE injustificados o han denunciado el incumplimiento sistemático del convenio colectivo. Hay que señalar a estas empresas y exigir su rectificación inmediata: Ditecsa, Eulen, Alueuropa (antigua Extruperfil), GRI Towers, Sermicro, ALS Laboratorios, FCC o Persán. Toca proteger y cuidar a esos hombres y mujeres que han ejercido con dignidad el sano y honesto ejercicio de hacer del centro de trabajo un espacio democrático. En Comisiones Obreras no sabemos hacerlo de otra manera.
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