El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos en la que exigía a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta que facilitara información sobre un expediente sancionador abierto contra Endesa.
Dicho expediente se refiere al cambio de potencia de suministros, información que la compañía se negaba a que fuera difundida, motivo por el cual acudió a los tribunales, según informa el Consejo de Transparencia en un comunicado.
La compañía interpuso un recurso contra la resolución del Consejo ante el Juzgado Contencioso-administrativo, recurso que fue desestimado en primera instancia y cuya sentencia, tras mostrar de nuevo la eléctrica su desacuerdo, fue apelada ante el TSJA, que también ha fallado a favor de la autoridad de control de la transparencia en Andalucía.
El Alto Tribunal invalida los argumentos defendidos por Endesa para negar el acceso a la información, asegurando que ésta no afecta a los intereses económicos y comerciales de la empresa ni tampoco vulnera el derecho a la protección de datos personales.
Por tanto, el TSJA respalda el dictamen del Consejo que falló a favor de la publicidad de esta información por ser de marcado interés público y prevalecer el derecho a su acceso sobre "los datos personales pretendidamente afectados".
Los datos referentes al correcto funcionamiento de este servicio son "de incuestionable relevancia pública", subraya el órgano de control andaluz, para añadir que "la ciudadanía tiene un evidente interés en conocer el grado de diligencia y eficacia de la Administración en la detección y, en su caso, sanción de las posibles irregularidades".
El Consejo de Transparencia defendió "la innegable trascendencia social que tiene la información relativa al adecuado suministro de energía".
Un ciudadano solicitó el acceso a un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Industria a Endesa con motivo del cambio del término de potencia de forma generalizada que llevó a cabo la compañía a suministros en baja tensión en las ochos provincias de Andalucía.
Industria, inicialmente, acordó conceder el acceso parcial a la información solicitada, si bien la compañía se opuso a que se proporcionara la citada documentación, hecho que motivó el inicio de la judicialización del caso.
El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.
Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.
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