Según explicó la Policía Nacional en un comunicado, todo comenzaba en Marruecos, donde un miembro de la red captaba a ciudadanos marroquíes ofreciéndose para facilitar los documentos necesarios para poder residir y trabajar en España, manifestando que en este país existía una "fuerte" oferta de empleo, pero que para poder realizar todos los trámites necesitaba el pago de 10.000 euros para hacer frente a los gastos ocasionados por las diferentes tramitaciones.
Las víctimas, "normalmente de condición humilde movidos por la delicada situación económica que atraviesan, ven una puerta a la esperanza y comenzar una nueva vida en la que poder prosperar" y, por ello, "hacen una primera entrega de 2.000 euros mientras que el resto tendrían que pagarla una vez conseguida la autorización gubernativa para poder residir y trabajar en España legalmente, que previamente era solicitada por un empresario español, colaborador necesario de la red".
Una vez en el país, otro miembro de la organización entregaba el resto de la documentación solicitándole 180 euros para pagar las tasas y el alta en la Seguridad Social, "cosa que tendría que haber hecho el empresario, para después abandonar a las víctimas a su suerte".
El resultado de la investigación ha arrojado un saldo de 25 estafados que "nunca han trabajado para el empresario que supuestamente los contrataba y que han estado subsistiendo del dinero que sus familiares desde Marruecos les enviaban", tres detenidos --dos de nacionalidad marroquí y un empresario español-- a los cuales se les imputan delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, favorecimiento de la inmigración clandestina y estafa. Estos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.
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