Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG han reclamado que se reprogramen los fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía de 2014-2020 con el fin de evitar el hundimiento de un sector “muy castigado” por la pandemia y que “dio la cara” durante los casi cien días de estado de alarma en España, “garantizando productos frescos pese a las circunstancias”.
Estos tres colectivos han compartido este martes la situación del campo andaluz durante sus comparecencias en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa del Covid-19.
En primer lugar, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha incidido en que esa reprogramación de fondos europeos “oscila entre los 700 y los 800 millones de euros”. También, ha defendido la “sostenibilidad ambiental y económica” del sector porque “si el productor pierde se dedica a otra cosa”.
Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, ha hecho hincapié en que “no hay viabilidad económica en nuestras explotaciones”, por lo que ha insistido en que “Andalucía necesita una agricultura familiar, rentable y fuerte. Capaz de garantizar el abastecimiento alimentario”. “No hemos parado y hemos mantenido los ciclos productivos de animales y explotaciones agrarias como sectores esenciales”, ha manifestado en sede parlamentaria Cobos, quien ha añadido que “sin productores no hay productos”, apelando a la importancia que tiene el campo andaluz en el día a día del estado de bienestar.
Además, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López Sierra, ha sostenido que el sector “desconvocó por responsabilidad” las movilizaciones cuando “el Gobierno todavía no había decretado el estado de alarma”.
También el Parlamento ha acogido la comparecencia de agentes sociales. El responsable de Save the Children Andalucía, Javier Cuenca, ha advertido del riesgo de que la pobreza infantil severa afecte entre este año y el próximo al 22% de los niños andaluces, lo que supondría 9 puntos más que en la actualidad y pasar de 213.000 a 350.000 menores en esta situación.
Además, el presidente de la Asociación Andaluza de Residencias, Fernando Acosta, ha denunciado que estos centros y las personas que allí viven “no han sido bien tratadas” durante la crisis del coronavirus.
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