El Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido durante el estado de alarma por el coronavirus un registro "histórico" de quejas y consultas, con casi 3.500 en tres meses, periodo en el que ha tramitado además una veintena de investigaciones de oficio.
Los datos han sido ofrecidos este lunes por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, durante su comparecencia ante la subcomisión de Políticas Sociales, una de las creadas dentro de la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la pandemia de la COVID-19.
Así, la institución que dirige Maeztu ha recibido 948 quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andaluces durante los casi cien días en los que ha estado vigente el estado de alarma a causa de la propagación del coronavirus, cifras récord como la producida en abril, mes en el que mayor número de consultas se atendieron en los 37 años de historia de la Institución.
Según ha explicado, la prioridad desde el primer día fue prestar especial atención a muchos colectivos que habitualmente vienen solicitando la ayuda del Defensor y que, con el confinamiento y la pandemia, se vieron especialmente necesitados de amparo.
Es el caso de las personas solicitantes de rentas mínimas por falta de ingresos; aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua; las personas mayores; los dependientes; las necesitadas de una vivienda, y los trabajadores migrantes, con especial atención a los asentamientos de Huelva y Almería.
También los niños escolarizados y sus familias, especialmente los necesitados de manutención; los menores con alteraciones conductuales; el personal sanitario, que ha reclamado equipos adecuados de protección, y otras situaciones en las que se trabajaba desde la institución y se agravaron, como los barrios que soportan continuos cortes de luz, caso de la zona norte de Granada.
El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que en estos tres meses se ha encontrado con personas y familias en extrema pobreza a las que la Administración no ha contestado a sus solicitudes y ayudas reclamadas de renta mínima, ayudas al alquiler o pensiones no contributivas, a quienes se han sumado los que han perdido un empleo; agravamiento de la pobreza infantil, conflictos de guarda y custodia en menores, problemas de salud mental, niños que viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la educación.
Ha resaltado el colectivo de personas mayores, a quienes ha afectado de manera particular la situación vivida en las residencias, y la especial atención de la discriminación hacia las mujeres, que suelen sufrir el peor coste en todas las crisis.
Todos estos colectivos han tenido una queja compartida, según Maeztu: las dificultades para obtener información y comunicarse con las administraciones o con los servicios sociales, especialmente por las medidas de seguridad e higiene; los ERTES, los familiares de personas mayores en residencias, entre otras.
"Ha existido una manifiesta descoordinación en bastantes zonas de Andalucía por parte de la Administración pública hacia estas personas a quienes tiene que dar respuesta a sus necesidades básicas", ha considerado Maeztu.
A la espera de concluir un informe extraordinario en el que la Institución ya está trabajando, según ha anunciado, ha advertido de que si no se atacan o corrigen las desigualdades, la respuesta a esta pandemia será débil.
"Urge una reconstrucción, pero sobre todo urge que, en esa reconstrucción, las personas más vulnerables quepan mejor que ahora", ha subrayado.
Para conseguir estos objetivos, ha enumerado unas líneas preferentes de actuación.
Se trata del blindaje de una sanidad pública y universal, que dote de estabilidad a las plantillas; la necesidad del cuidado de las personas mayores, que exige más recursos, más esfuerzo y otro modelo de atención; el refuerzo de una red de protección social que se ha demostrado débil, y el cumplimiento del derecho a un buen gobierno y a una administración abierta, con especial urgencia en la educación y en los servicios sociales.
Sobre la educación, ha puesto el acento en las dudas sobre el aprendizaje virtual, para reclamar que es necesario adaptar el derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital.
También ha reclamado el estudio de otro modelo productivo más adecuado a esta nueva realidad, con economías inclusivas y sostenibles, y la urgencia de revertir el cambio climático.
A modo de conclusión, ha pedido a los parlamentarios que se haga todo lo posible para que las consecuencias no recaigan una vez más en los de siempre, los más vulnerables, que se encuentran otra vez "en el filo de la navaja" porque la COVID-19 es un virus que "no discrimina, pero su impacto sí".
Los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox -el PSOE y Adelante Andalucía no participan en la comisión de recuperación ni en las subcomisiones- han agradecido el compromiso del Defensor del Pueblo y, como Maeztu, han abogado por la "unión y el consenso" para llegar a acuerdos.
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