El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia interpuesta por el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería contra el consejero de Salud, Jesús Aguirre, al que atribuyeron el alto número de contagios entre los sanitarios durante la pandemia.
Según ha informado el TSJA en un comunicado, la Sala Civil y Penal ha archivado la denuncia presentada por el Consejo Andaluz de Colegios de Diplomados de Enfermería, que responsabilizó a Aguirre del elevado número de sanitarios contagiados por la COVID-19 en Andalucía y vinculó esta cifra a la falta de medios y a una desprotección de los profesionales.
La decisión coincide con el criterio de la Fiscalía Superior, que también solicitó el archivo de la denuncia interpuesta además contra el presidente de la Junta, la delegada del Gobierno y el gerente del Servicio Andaluz de Salud.
El TSJA ha aclarado que no es competente para juzgar al presidente andaluz, Juanma Moreno, que tiene condición de aforado, y que la Sala habría podido desglosar las actuaciones o remitirlas al Tribunal Supremo de haber apreciado indicios de delito en el resto de implicados.
En su denuncia, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería consideró que la responsabilidad de los contagios sufridos por el personal sanitario se podía atribuir a los responsables políticos ya fuera por incompetencia, falta de coordinación o por errores de gestión para la obtención de material de protección, entre otras razones apuntadas.
En un auto notificado hoy jueves a las partes, el TSJA ha considerado que, para atribuirle una responsabilidad penal a Aguirre sería necesario indicar, "al menos, indiciariamente", una infracción sustentada en un acta de inspección laboral y que los hechos respondieran a la decisión consciente del consejero de Salud.
"Es obvio que las invocadas insuficiencias estructurales del sistema público de salud en Andalucía no pueden imputarse, ni a título de dolo ni al de imprudencia, al actual consejero de Salud", ha apuntado el TSJA en el auto de archivo de la denuncia.
En su pronunciamiento, el alto tribunal ha recordado que la falta de material sanitario fue "un fenómeno generalizado" en todo el país, por lo que no puede considerarse un indicio, "ni siquiera preliminar", de una conducta o vinculada a un delito.
Contra la resolución de archivo cabe recurso ante la misma Sala en el plazo de tres días.
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