La semana que viene se juega buena parte del futuro de Europa -y también del porvenir de España en el medio plazo-. El 19 de junio los miembros del Consejo Europeo se reunirán por videoconferencia.Los dirigentes de la UE debatirán en torno al “Fondo de Recuperación para responder a la crisis de la COVID-19 y un nuevo presupuesto de la UE a largo plazo”, según la convocatoria. Es una reunión que no admite ni dudas ni bromas, por la enorme trascendencia de la iniciativa y la ingente cantidad de fondos que están en juego, entre subvenciones a fondo perdido y créditos reembolsables a bajo interés y largo plazo.
Pedro Sánchez fue el primer líder europeo que lanzó la iniciativa de allegar nuevos fondos para la reconstrucción con el nombre de Nuevo Plan Marshall. Ahora contempla con una seria inquietud la actitud de la oposición, también en Europa. Las declaraciones, acogidas con alborozo por los populares españoles, del presidente alemán del grupo popular europeo, Manfred Weber, en el sentido de aumentar los controles de las ayudas de los nuevos fondos dan alas a los llamados “países frugales”, que quieren, en el fondo y en la forma, disminuir la cuantía de los fondos y poner bajo sospecha a los país del Sur de Europa. Es una deslealtad absolutamente rechazable que los populares españoles no se pongan detrás del gobierno de España en esta tarea histórica. Un personaje tan moderado y tan central en la pasada política europea, como Javier Solana, lo ha señalado: “El PP europeo tiene un líder que quisiera que toda la UE fuese “frugal”. Y hace todos los esfuerzos para que así sea. Cuanto más préstamo y menos gasto,mejor, cuanto más control mejor, cuanto menos Sur mejor......El PP español lo apoya…..”. Grave.
Los recursos que se discutirán son dos: Next Generation EU, instrumento nuevo de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024 y un presupuesto europeo reforzado, a largo plazo,para el periodo 2021-2027 (1,1 billones de euros). En un asunto de tal calibre para las empresas y las comunidades autónomas españolas que no se entiende la finalidad de una postura tan contraria a los intereses españoles.
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