Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado sus alegaciones a la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el denominado el conocido como Fondo de Barril, de Cepsa, ya que consideran que se basa en la situación del terreno una vez ejecutados movimientos de tierra que, a raíz de las denuncias ecologistas, se comprobó que no se ajustaban a la legalidad urbanística.
Así, el Proyecto de ejecución de obras ordinarias de urbanización de la unidad de ejecución, UE-1, de la modificación puntual del Plan Especial y de seguridad industrial en el Área de la Bahía en el t.m. de San Roque, sobre el Área del Complejo Petroquimico del Grupo Cepsa, se retoma ahora con una modificación en la tramitación que el grupo ecologista rechaza.
Para Verdemar, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) resulta “del todo falaz por cuanto parte de premisas forzadas y erróneas”. Explica que “se parte de la realidad física del terreno después de las transformaciones causadas por los movimientos de tierras, que dieron lugar a la paralización de los trabajos de relocalización de tuberías”. Así “resulta que la mayoría de los espacios a urbanizar quedan categorizados como inforestales y por tanto de escaso o nulo valor ambiental dada su antropización”, explica el colectivo ecologista, que señala que “la suerte quedó echada desde el otorgamiento de la primera licencia municipal de obras que posibilitó esta farsa administrativa”.
Entre otros aspectos, Verdemar considera que se ha “manipulado” la Alternativa 0 (no llevar a cabo el proyecto), ya que “se descarta esta alternativa sobre la base principal de una argumentación sin rigor alguno”, que supone que de no realizarlo en el espacio proyecto habría de ejecutarse en los suelos contiguos del paraje del Cerro de los Castellones, “porque están llamados a absorber la expansión industrial del polo químico”.
Sin embargo, recuerdan los ecologistas que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Roque lo clasifica como “suelo No Urbanizable de carácter natural o rural” y la revisión del PGOU aprobada inicialmente “incrementa su salvaguarda al clasificarlo como No Urbanizable de Especial Protección por el planeamiento urbanístico”.
Tal y como detalla Verdemar en sus alegaciones, “buena muestra de la ilicitud de las licencias de obras (de las ya realizadas) es el hecho cierto de la publicación de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Interior (PEYSI) en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz nº 46, de 10/03/2020, ya con posterioridad a los hechos denunciados, su paralización y nuestra solicitud de nulidad de fecha 25/02/2020”.
Precisamente la denuncia de la asociación ecologista del 9 de agosto de 2019 hizo que el Ayuntamiento de San Roque efectuase las pertinentes inspecciones, detectando diversos incumplimientos. El Decreto de Alcaldía de fecha 11/10/2019 nº 4357 ordenaba la “inmediata suspensión de las obras” en el área CP2-PEI.
“Como reacción a la gravedad de los incumplimientos descritos, la empresa refinera ha iniciado los trámites tendentes a legalizar ambientalmente, a posteriori, todos los movimientos de tierra, su gestión y viales realizados en el Área CP2-PEI”, señala Verdemar
Los ecologistas califican esta acción como un “improcedente intento de convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas, pero que trasluce la preocupación de Administraciones competentes y del promotor en limpiar su actuación”.
Para Verdemar “resulta a todas luces inadmisible que el informe sobre afección al patrimonio histórico se limite a exigir un proyecto arqueológico previo a las obras, haciendo abstracción de lo ocurrido durante los trabajos de urbanización que se adelantaron”.
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