El borrador del protocolo de playas recomienda a las autoridades (ayuntamientos, costas, comunidades autónomas) que determinen el aforo de bañistas y las actividades que podrán realizar, y deja en manos de estos gestores fijar el número máximo de personas que podrán acudir en grupo a las instalaciones.
Según explica este viernes el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), el escrito insta a las administraciones competentes a que vigilen la capacidad de carga de las playas e implementen controles de accesos, organicen las entradas y salidas para evitar cuellos de botella o aglomeraciones, y determinen cómo se va a informar al usuario de que se ha alcanzado la capacidad máxima.
Esta labor "se podrá hacer con cartelería tradicional, recursos humanos o aplicaciones tecnológicas que permitan a la gente tener la información antes de desplazarse hasta la propia playa", plantea el borrador, que deberá recibir el visto bueno del Ministerio de Sanidad.
En este sentido, prevé que en los accesos, o incluso antes de la llegada, se informe siempre a los usuarios de las medidas de prevención a aplicar en la playa, la capacidad estimada de la misma y de las restricciones o limitaciones en los servicios en caso de haberlas.
La zona de hamacas y sombrillas deberá delimitarse con balizas, cintas u otras indicaciones, estableciéndose un control en su asignación, a fin de que se pueda asegurar que el equipamiento ha sido debidamente limpiado y desinfectado antes de su uso.
También se deberá disponer de un plan de evaluación de riesgos para prevenir contagios por el COVID-19, que deberá contemplar cómo se asegura que los usuarios en primera línea de playa guarden la distancia de seguridad respecto a los usuarios que estén en la orilla paseando o entrando a disfrutar de un baño.
Respecto a las áreas de juego infantiles, deportivas y otras zonas de esparcimiento que no sean objeto de servicios comerciales sino responsabilidad directa del ente gestor, "serán habilitadas en función de las disposiciones generales que emitan las autoridades competentes, y siempre cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias".
Con relación a la accesibilidad, las playas tendrán que informar si se presta el servicio de baño asistido y, en este caso, "se realizará siempre que se cuente con los equipos de protección individual (EPI) necesarios o con los medios mecánicos que permitan la protección del personal que lo presta".
Este plan de contingencia, que será implementado en accesos, arenales, aseos, vestuarios y taquillas, puntos de agua potable, papeleras, puestos de socorrismo y demás zonas comunes, será diseñado por el comité para la gestión del riesgo que deberán constituir las autoridades competentes en la gestión de la playa, sean ayuntamientos, costas o comunidades autónomas.
Asimismo, el protocolo destaca otras medidas como la planificación de tareas y procesos de trabajo para que se garantice la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias; la disposición de los puestos de trabajo, y la organización de usuarios y trabajadores.
El documento, editado por el ICTE, ya ha sido enviado a la Secretaría de Estado de Turismo y a todas las comunidades autónomas, como paso previo a su validación por Sanidad.
