En el momento en que las autoridades sanitarias den por controlada la pandemia y concluida la desescalada y se cumpla el año preceptivo desde la investidura para disolver las Cortes Generales, España debe celebrar elecciones generales. Sin demora.
La legislatura está agotada, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no ha servido para gestionar la crisis y no tiene sentido alguno ante un futuro inmediato que obligará a tomar medidas económicas drásticas, al dictado de la Unión Europea.
No ha prosperado el gran acuerdo puesto sobre la mesa sin mucho convencimiento por parte de Pedro Sánchez, siguiendo el modelo de los Pactos de la Moncloa. Y el momento de la gran coalición, al menos con las cartas con las que juegan los diferentes partidos políticos actualmente, ha pasado. El panorama es desolador. La estrategia partidista se impone en el conflicto entre Madrid y Andalucía y el Gobierno central a cuenta de las fases de la desescalada y hay que resolver urgentemente el lío con el estado de alarma.
Que Ciudadanos, formación heredera del espíritu liberal, haya votado a favor de mantener suspendidos los derechos fundamentales de los españoles, es raro y, quiero pensar, excepcional. Si se repite, Inés Arrimadas habrá enterrado definitivamente cualquier opción de crecer en un futuro y tendrá que contentarse con menos de la decena de diputados que le quedan a estas alturas. Ciudadanos no ha sido capaz de explicar su decisión. Ni será capaz de hacerlo porque, simple y llanamente, ha servido para alargar una situación anómala y lesiva para los derechos de todos los españoles.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se encuentran cómodos en esta situación. Gozan de poderes casi ilimitados y el control del Gobierno ha quedado reducido a la mínima expresión. La senadora autonómica del PP Teresa Ruiz-Sillero ha denunciado la falta de transparencia, advirtiendo de la falta de información sobre las contrataciones de material sanitario de prevención contra el coronavirus, como test y mascarillas. “Desde que se declaró el estado de alarma no se han publicado en el Portal de Transparencia, en el apartado de Publicidad Activa y Contratos, todos y cada uno de los contratos realizados por los distintos ministerios del Gobierno”, ha advertido.
Un escándalo mayúsculo porque las informaciones publicadas en prensa sobre precios inflados, material defectuoso que ha puesto en riesgo a los sanitarios que, entregados, deben soportar presión extra, y empresas que actúan como auténticas carroñeras sanitarias, exigen explicaciones públicas. Quién compra a quién, por qué, a cuánto. Tendrán que asumir responsabilidades si el cargamento nunca apareció o si hubo contagios por el uso de material defectuoso. La sensación es que hay quien se está haciendo de oro con la tragedia colectiva que sufrimos. Y es insoportable.
Pero, amparados también en el estado de alarma, PSOE y Unidas Podemos se niegan a identificar al grupo de expertos que diseñan y supervisan la desescalada. Para evitar la presión social, dicen. Cuando una sociedad democrática exige el escrutinio público de las decisiones de los gobernantes. Sean expertos o Patxi López.
La única manera de recuperar nuestros derechos de golpe es votando. Lo que han dicho y han hecho los dirigentes políticos, en Gobierno u oposición, debe ser valorado en las urnas por los españoles. Y con cierta urgencia. Porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no van a dudar en hacer lo imposible por silenciar el clima contrario contra el Gobierno. Lo dijo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Lo replicó el sábado disciplinadamente (¿cuántos comparten la idea?) un concejal del PSOE en San Fernando, Ignacio Bermejo, a quien le parece peligroso que existan medios de comunicación privados, libres, críticos, contrarios al pensamiento único que le gustaría imponer a todos a través de los canales públicos. Urge votar para sentirnos libres y para decidir si en el futuro queremos la nueva normalidad que quieren imponernos, con los derechos confinados, o la normalidad democrática.
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