La intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de iniciar la reorganización y la normalización gradual de la asistencia en todos los centros y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) a partir de la semana que termina generó recelos entre las plantillas de un extremo a otro en la comunidad, pero muy especialmente entre los profesionales de la Atención Primaria, “que soportan en esta nueva fase menos crítica de la pandemia por Covid-19 la presión que han sufrido nuestros hospitales”, según concluye UGT en un informe distribuido a los medios de comunicación el pasado lunes.

La escasez de medios de protección es la principal razón que esgrime el sindicato para oponerse a los planes del SAS para iniciar ya la desescalada. “No llegaron los primeros equipos de protección individual (EPI) hasta finales de marzo”, afirma Manuel López, delegado de Sanidad y Responsable del Distrito de Atención Primaria del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar.

Los profesionales han tenido que improvisar con bolsas de basura, gorros o pantallas enviadas altruistamente por vecinos y empresas. O comprarlos ellos mismos, como hizo José Toro, representante de UGT en la Sierra, quien lamenta en conversación telefónica “la falta de seguridad permanente e insoportable” que tienen que sufrir en el ejercicio de su profesión porque solo unos días después de atender a un paciente sin portar el equipo adecuado puedes enterarte de que ha dado positivo.

Pero el escándalo de las mascarillas defectuosas ha complicado aún más la situación. “Los profesionales ya no se fían de lo que puedan proporcionarle”, asevera. Esta semana, justo cuando el Gobierno andaluz trataba de emprender el camino a la normalidad, ha tenido que retirar en solo 72 horas de manera urgente hasta tres modelos distintos por no cumplir con la normativa.

El martes, la responsable de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, Nuria Queraltó, señalaba en un escrito este martes que los dos primeros tipos fueron adquiridos desde algunas Centrales de Compras Provinciales (CCP) y que, “si bien a la vista de la información en el producto, cumple distinta normativa que indica su equivalencia a una FFP2, la evidencia demuestra que hay que continuar con el muestreo aleatorio ya iniciado a raíz de la incidencia detectada con las Garry Galaxy (bolsa verde) que suministró el Ministerio de Sanidad” y que ya hizo saltar las alarmas entre el personal sanitario.

Se repartieron a principios de mes 15.000 unidades de máscarillas KN95 Mask Purgivor, y hasta 3.000 de las 6.000 adquiridas de la marca Elite Respitator EB09.049.

El jueves, Queraltó alertó de un tercer lote defectuoso, en este caso del modelo Inuan KN95. El personal que las utilizó se tuvo que identificar y someterse a test, pruebas que, en cualquier caso, aún escasean y hay discrepancias entre si realizarlas con sangre capilar o con sangre venosa y/o plasma.

Además, UGT ha denunciado que las mascarillas se hayan distribuido con anterioridad a que el SAS practicase ensayos para comprobar que eran seguras. Y, tras alertar este viernes del uso de otras en el Área de Gestión Sanitaria Axarquía de Málaga que estaban caducadas, han pedido responsabilidades.

“La impunidad con la que estos dirigentes están actuando no tiene parangón y la falta de ética con nuestros profesionales exige un inmediato cese de la persona que permite estas barbaridades que no es otro que el consejero de Salud”, declaró la organización en nota de prensa.

Ni la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, ni fuentes del departamento que dirige, consultadas al respecto, han aclarado más sobre el escándalo, como el importe o el número de sanitarios que han hecho uso de las mascarillas, salvo que, con respecto a las que fueron compradas, “se va a exigir el cumplimiento del contrato a las empresas suministadoras”.

CSIF, por su parte, está valorando acudir a la vía judicial por el reparto de material de dudosa garantía. El sindicato ha lamentado durante los casos sobre los EPI que “han indignado a todos los profesionales que se sienten engañados y bajo un estrés adicional por la incertidumbre que genera esta situación, pues no solo afecta a ellos, sino también a sus familiares, además de poner en riesgo a los usuarios y los pacientes de los centros sanitarios”.

Asimismo, CSIF decidió pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo esta situación y está valorando la posibilidad de ampliar su denuncia por vía judicial contra la Administración autonómica “por la desportección a al que se ha sometido a los profesionales sanitarios”.

El Colegio de Médicos denunció, igualmente, que la falta de previsión de equipos requeridos para dotar a los sanitarios tengan que padecerla nuestros profesionales y reclamó que, “de una vez por todas, la labor de la profesión médica y sanitaria en general tenga la consideración que merece y que se haga evidente y palpable en la práctica diaria en la disponibilidad de medios y recursos, en el máximo cuidado de la salud de quienes cuidan de la nuestra”.

Por otra parte, el SAS ha querido emprender la desescalada “sin que la mayoría de los trabajadores sanitarios dispongan todavía de un protocolo de actuación sobre cómo y en qué condiciones de protección tienen que realizar las visitas a domicilio”, explica el responsable de UGT del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar.

“Estamos actuando de acuerdo a lo que dicta nuestro sentido común”, agrega López, porque las recomendaciones generales que reciben, como no acercarse a menos de dos metros del paciente, “no tienen ni pies ni cabeza” en la práctica.

“Hay que reconocer a los pacientes, es inevitable el contacto físico; quien plantea estas cuestiones ajenas a la realidad no ha realizado una visita domiciliaria en toda su vida profesional”, lamenta. El documento de UGT incorpora testimonios en los que se relata que para saber si un usuario es posible afectado por coronavirus, los facultativos “les hacen encuestas telefónicas o por el telefonillo antes de desplazarte o entrar en el domicilio”.

Antes de acceder a la vivienda, hay que ponerse un traje de aislamiento. Y tampoco existen indicaciones concretas acerca de cuándo y cómo ponérselo y quitárselo. Además, el portavoz sindical asegura que se desinfectan, se ponen a secar y se reutilizan. “Nos han llegado a proporcionar monos indicados para pintar, no de uso médico”, añade.

Más sanitarios afectados

UGT ha exigido medidas al Gobierno andaluz para detener la sangría de profesionales de la sanidad afectados por el coronavirus. El sindicato ha tachado de “insoportable ver como crecen las cifras del personal del SAS que sigue siendo víctima del Covid-19” y advierte de que el a 28 de abril son 7.383 los que, de una manera u otra forma, han sido afectados, cuando el total de infectados en toda Andalucía son 13.501.

“Unos datos que demuestan -señala- la nefasta gestión de los medios de protección que este Gobierno está haciendo y que ofrece datos escalofriantes en determinadas provincias como Cádiz, donde hay más profesionales afectados (1.669) que resto de ciudadanos infectados (1.255), o Huelva, donde la  incidencia es la menor de toda la región, con 420 ciudadanos y 402 profesionales afectados”.

Málaga, no obstante, es la provincia que lidera “este tenebroso ránking” con 1.790 trabajadores afectados. “Nuestros trabajadores no merecen que sean tratados de esta forma tan miserable, mendigando medios de protección o temiendo que los proporcionados por la Administración estén en malas condiciones ”, lamenta.