Esa petición duplica la realizada por la Fiscalía de Sevilla, que ha pedido año y medio de cárcel para el ex regidor astigitano, la misma pena solicitada para dos ex concejales del gobierno PA-PP que presidió Álvarez Ortega y el secretario local andalucista, Javier Fernández Franco.
El abogado de la trabajadora, José Ramón Fernández, considera que la actuación del ex alcalde y de los concejales Manuel Lazpiur Rodríguez (PA) y Teresa Chacón Herrero (PP), ambos miembros del gobierno presidido por Álvarez, es más grave que la de Fernández Franco.
"Hemos entendido que el grado de gravedad es diferente en la actuación de Julián Álvarez, Manuel Lazpiur y Teresa Chacón y por eso pedimos tres años para cada uno de ellos y solamente dos para Fernández Franco", resume el letrado.
Además, el abogado reclama una indemnización de 90.000 euros para su defendida "por los daños morales y físicos sufridos".
Los cuatro procesados están acusados de un delito contra la integridad moral por una supuesta campaña en contra de la ex directora de la residencia de mayores pública de Écija, despedida de su puesto de trabajo en 2002.
Según la acusación, Lazpiur dijo en un pleno que se había abierto una investigación sobre supuestas caídas en el asilo, pese a que ésta nunca se llevó a cabo, e imputó a la trabajadora en presuntas irregularidades con las cartillas de ahorro de los ancianos.
En abril de 2002, en una circular a afiliados del PA, Javier Fernández continuó la campaña de desprestigio exigiendo "responsabilidades" a la denunciante y pidiendo cuentas por el hallazgo de una caja de zapatos con 2.900 euros, según el abogado.
La Fiscalía acusa al ex alcalde que no hizo nada para evitar los comentarios vejatorios, denigrantes y "carentes de veracidad" contra la afectada, pese a tener a su alcance los medios para hacerlo.
A la concejala Teresa Chacón le imputa permitir que continuaran las "infamias" pese a que tenía "pleno conocimiento" de la correcta actuación de la denunciante.
El objetivo de estos ataques a la trabajadora, según la acusación, era "menoscabar su integridad moral, humillarla y poner en duda su honor".
Sostiene el ministerio público que el despido fue declarado improcedente por los tribunales, lo que generó "un clima de tensión" entre el Ayuntamiento de Écija y la plantilla del asilo por la voluntad del equipo de gobierno de privatizar su gestión.
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