Ni el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ni el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependientes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, respectivamente, lo han reconocido, pero el colapso administrativo es total.
Aunque la Delegación Territorial de Empleo la admite explícitamente al informar, como hizo a última hora del viernes, que solo ha resuelto 4.761 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 13.563 solicitados desde el pasado 14 de marzo, el 35,1%. De manera que solo han recibido respuesta sobre su situación 23.300 trabajadores de los 66.400 afectados en la provincia.
Al otro lado del teléfono, un empleado del SEPE, que atiende a una jerezana incluida igualmente en un ERTE, lo sugiere. Sobre el papel, el plazo para que la autoridad laboral apruebe la solicitud es de cinco días. Una vez cumplidos, el silencio administrativo es positivo. Pero no ha sido así porque ni tan siquiera ha habido capacidad para tramitar la petición. De esta manera, miles de gaditanos no podrán cobrar su prestación, si las administraciones logran desatascar el embotellamiento burocrático antes, hasta el próximo 10 de mayo.
Javier Ávila, propietario de un gimnasio en Sanlúcar, y sus doce empleados se encuentran en esta situación. “Desde el 13 de marzo (cuando echó el cierre), no he tenido ingreso alguno”, reconoce. Lo primero que hizo fue pagar a sus trabajadores la primera quincena, liquidar todos los gastos pendientes con proveedores y Seguridad Social, solicitar el ERTE y esperar en casa a que se aclarara el panorama.
Esta semana ha sido mucho más dura que las dos anteriores. Primero el Gobierno anunció la prórroga del confinamiento y después le cobró íntegramente la cuota de autónomo. “Pese a que -insiste-, no he tenido ni un solo ingreso”. Echa cuentas al otro lado del teléfono. Suma el alquiler de las instalaciones y las facturas de luz y agua, que afrontará pese a que el consumo ha caído por la tarifa fija. Y calcula que como poco tendrá que permanecer cerrado entre tres y cinco meses. “Fuimos los primeros en parar y seremos de los últimos sectores que retomaremos la actividad”, razona. Le salen como poco entre 20.000 y 25.000 euros.
“Hay que hacerse a la idea de que la actividad se retomará escalonadamente”, apunta, por su parte, Miriam Herrera, empresaria y presidenta de la Red de Mujeres Emprendedores de la Costa del Sol y Campo de Gibraltar (RED). Y advierte de que muchos de los ERTE de hoy pueden convertirse en suspensión de pagos en el futuro porque obligan a mantener la plantilla en las mismas condiciones una vez reiniciado el negocio en las mismas condiciones sin garantías de facturar suficiente.
La crisis económica y laboral provocada por la alerta sanitaria a causa del coronavirus, por lo tanto, golpeará la provincia en diferentes fases y con diverso grado de intensidad. Por el momento, marzo ha registrado el peor dato de paro registrado, con 25.649 nuevos desempleados, que se incrementará conforme se resuelvan los ERTE pendientes y se aclare la situación de los afectados, y Cádiz lidera la destrucción de puestos de trabajo a nivel nacional, con 30.000 afiliados a la Seguridad Social menos.
“Hay empresarios que tratan de aguantar, pero, si se alarga el confinamiento, será complicado”, explica Herrera. Pone de ejemplo una del más de centenar de socios que integran RED, propietaria de una firma distribuidora de bebidas con 90 asalariados y que ahora vende online. Pero el cierre de restauración y hostelería pasa factura.
“Lo peor -advierte- está por venir”. Por experiencia propia, remarca la dificultad de reactivar la construcción, uno de los sectores con mayor importancia en la provincia, y muy especialmente el turismo, motor económico de Cádiz y de la Costa del Sol, tras perder Semana Santa y tener el verano en el aire. “Habrá miedo”, explica, “y el miedo, la incertidumbre, es el peor aliado para los empresarios”.
La situación es incierta y Herrera asegura que los empresarios siguen a la expectativa antes de tomar decisiones más o menos drásticas. La duración del confinamiento es clave para dar pasos y teme que haya dificultad a la financación bancaria.
Javier Ávila ya ha comprobado que no será fácil obtener crédito. Su solicitud a fondos ICO ha sido rechazada por una deuda de 2.000 euros que no depende directamente de él: “Ahora mismo estoy muerto como autónomo”.
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