La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, comenzaba su explicación de los PJA destacando la dificultad de su elaboración, al ser los primeros de la Comunidad que no incrementan su dotación, sino que bajan una centésima, hasta los 33.737,3 millones de euros, y debido a la importante reducción de los ingresos tributarios, lo que la Junta compensará recurriendo al déficit, que se elevará un 149,7% hasta alcanzar un endeudamiento neto de 4.035 millones.
Ante esta situación, la consejera defendió la necesidad de “priorizar” el capítulo de gastos hacia programas y proyectos “que nos hagan ganar el futuro”, como la educación -la prioridad “número uno” y que empapa todo el presupuesto- o la innovación, que se incrementarán frente al descenso general del resto, puesto que se busca ganar en competitividad, crear empleos no deslocalizables y garantizar el acceso a los servicios del Estado de Bienestar en igualdad de oportunidades, “para apoyar a los que más sufren la crisis sin ser culpables de ella”.
De hecho, destacó el importante impulso a las políticas de empleo, que aumentarán un 9,2% y que destinan 1.520 millones a reinserción en sectores estratégicos, las de dependencia (un 49,2%) o las de Justicia, un 5,1%.
Tampoco quiso olvidar el carácter “municipalista” de las cuentas para 2010, accediendo a la petición de los Ayuntamientos de incrementar el Fondo de Nivelación hasta los 200 millones -con la perspectiva de que alcance los 600 en 2014-, además de aplicar una subida del 9,7% al Fondo de Cooperación Municipal, hasta alcanzar los 1.447,8 millones.
Martínez Aguayo, que reiteró en varias ocasiones el mantenimiento de las políticas sociales y de salud, así como el impulso a la Educación, explicó que la situación económica obliga a la Junta a endeudarse “para apoyar sectores concretos, de futuro”, mientras que los que no han sido considerados así al establecer las prioridades descenderán, por eso algunas Consejerías descienden en global, como Medio Ambiente, pero tienen programas específicos, como el del cambio climático, que se incrementan un 8%.
Movilizar 8.775 millones de euros en total
De esta forma, la Junta mantiene el peso de la inversión sobre el PIB, un 4,8%, aunque descienda en global hasta los 7.112,9 millones. Sin embargo, el Gobierno andaluz prevé movilizar hasta 8.775,3 millones de euros con otros recursos de apoyo, como la colaboración pública-privada en determinados proyectos, principalmente de infraestructuras y de saneamiento de aguas, que ya están redactados y pueden ser “atractivos” para las empresas (como las concesiones de gestión) y que alcanzarían los 257,5 millones.
Además, se pretende “superar el enfoque de las subvenciones a fondo perdido” a través de los activos financieros de la Junta, que alcanzarían los 751,3 millones de euros mediante los fondos específicos para sectores económicos puestos en marcha en este año y otros nuevos que entrarán pronto en vigor, entre ellos los destinados al desarrollo empresarial (204 millones), las energías renovables y la eficiencia energética (30), la economía sostenible (50) o vivienda (5 millones).
A estos activos financieros, que supondrán un cambio “estratégico” al ser aportados a través de préstamos o créditos reembolsables que revertirán de nuevo a los fondos, se unirán las inversiones de las empresas públicas de la Junta, más de 650 millones a través de las agencias públicas del suelo, la de ferrocarriles, la de puertos y la Agencia IDEA.
Junto al mantenimiento de las políticas sociales y el apoyo al sector empresarial, Martínez Aguayo quiso destacar la reducción en un 10,8% del “gasto no operativo” de la Administración, es decir, el no vinculado al personal, aunque se prevé la reducción hasta en un 15% de la provisión de puestos de trabajo, además de congelar el sueldo de los altos cargos y de los directivos de las empresas públicas con el tope máximo del presidente de la Junta. Las excepciones estarán en aquellas empresas que operen en condiciones de mercado y en las que sus directivos sean elegidos por el Parlamento.
En total, las medidas de austeridad de la Junta permitirán ahorrar 134,4 millones de euros (que suman 300 si se unen los de este año), de los que cerca de un millón pertenecerán a los sueldos de los 80 a 90 directivos de las empresas públicas, aunque la cifra no está cerrada puesto que muchas empresas no tienen fijados en sus estatutos quiénes son alto cargo, algo que tendrán que hacer cuando entre en vigor la Ley de Presupuestos para 2010.
La consejera defendió el importante esfuerzo que ha realizado la Administración por reducir sus gastos de funcionamiento. “Se ha llegado al suelo”, explicaba Martínez Aguayo para recordar que “muchas pymes y micropymes” se ven afectadas porque “viven” de la administración y han dejado de prestarle sus servicios.
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