El Gobierno andaluz ha acusado este miércoles al Ejecutivo de la nación de "arrebatar" a Andalucía 430 millones de recursos propios destinados a mantener el empleo, al aprobar una medida que "pone en cuestión" la financiación de las políticas activas de empleo.
En un comunicado, la Consejería de Empleo se refiere así al real decreto-ley aprobado ayer con nuevas medidas económicas, por el que se establece, con carácter excepcional y extraordinario ante la pandemia del COVID-19, que los ingresos de la cotización por formación profesional de este año puedan destinarse a financiar subsidios de desempleo u otros programas de reinserción laboral.
La Consejería de Empleo ha avanzado que la Junta de Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, han hecho llegar al Ministerio de Trabajo su desacuerdo al entender que existen otras alternativas de financiación que no afectan a las políticas activas de empleo.
"Justo en el día en que la Junta de Andalucía anuncia la reactivación después de muchos años de la Formación Profesional para el Empleo, el Gobierno de España aprueba una nueva medida recogida en el Real Decreto ley aprobado (ayer) por el Consejo de Ministros, que pone en cuestión la financiación de las políticas activas de empleo dificultando a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas, su aplicación", denuncia en el comunicado.
Según la Junta, dicha medida supone arrebatar cerca de 2.400 millones de euros a todas las comunidades autónomas, de los que en torno a 430 millones de euros corresponden a Andalucía.
Se trata de una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que el Gobierno, "rompiendo el consenso existente", permitirá que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores pueda destinarse durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo, explica la nota.
La Consejería asegura que dicha medida, al igual que otras en el ámbito laboral, se ha tomado sin realizar ninguna consulta y "desoyendo" las propuestas de las comunidades autónomas.
"Las decisiones del Ejecutivo nacional no han permitido ni siquiera tener en cuenta alternativas más ágiles y eficaces para hacer frente a la gravísima crisis económica a la que se enfrenta sociedad española", agrega.
Por todo ello, la Comunidad de Andalucía ha consensuado con otras comunidades autónomas trasladar su "contrariedad" ante esta decisión "unilateral" del Gobierno de España, que se ha concretado en una carta dirigida a la ministra de Trabajo, anticipándose así a la reunión vía telemática convocada para hoy con motivo de la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En la carta, suscrita por otras comunidades autónomas, manifiestan a la ministra de Trabajo su "decepción y desacuerdo" ante esta medida, que se toma de manera "improvisada" y sin atender a propuestas que se han trasladado incluso por escrito.
En opinión de la Junta de Andalucía, existen alternativas para financiar las nuevas medidas de protección diferentes a la utilizada por el Ejecutivo central (recursos del MEDE), sin eliminar la posibilidad de las comunidades autónomas de cumplir con su competencia de desarrollar políticas activas para mantener el empleo.
En este sentido considera un falso dilema tener que elegir entre el pago de prestaciones por desempleo y aplicar políticas activas de empleo porque existen mecanismos de financiación alternativos para desarrollar ambas.
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