Los dos grandes partidos andaluces presentaron ayer las enmiendas que han trasladado hasta el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 con un balance desigual. Mientras el PSOE-A ha registrado 22 enmiendas que supondrán un incremento para Andalucía de 36,5 millones de euros (se consignaron 4.180.39), el PP-A ha elevado 325 que podrían incrementar la partida en 5.022 millones, 1.500 millones más en inversión y otros 3.522 millones del ahorro si se eliminara la subida de impuestos.

La Ejecutiva Regional del PSOE andaluz abordó ayer tanto los presupuestos estatales como los andaluces, que se aprobarán hoy en el Consejo de Gobierno y que han sido respaldados por la dirección socialista, al ser “austeros, realistas y que primarán” las políticas sociales, la educación y la creación de empleo.

Rafael Velasco, secretario de Organización del PSOE-A, aprovechaba para criticar que tanto PP como IU hayan “censurado” las cuentas andaluzas antes de conocer el proyecto en sí, apuntando que están abiertos al diálogo en el Parlamento e invitando al PP a “arrimar el hombro”, aunque mantuvo pocas esperanzas dada la “estrategia del no a todo y de enfagar la vida política” de su dirigente regional, Javier Arenas.

Sobre las cuentas estatales, Velasco afirmó que las 22 enmiendas presentadas por los socialistas andaluces a los PGE permitirán incrementar la partida destinada a Andalucía en 36,5 millones de euros, garantizarán las inversiones en función del peso poblacional andaluz (antes eran un 17,7% frente al 17,8% que marca el Estatuto) y establecen una garantía de revisión de este criterio en la misma disposición en la que se consigna el pago de la deuda histórica antes de 2010, dos disposiciones estatutarias que se abordarán en la Comisión Mixta Junta-Estado.

El montante total de las enmiendas asciende a 36,5 millones de euros adicionales que irán recogidas en las exenciones fiscales que se aplicarán con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 y del nacimiento del Reino de Granada o en el plan integral de empleo destinado a la Bahía de Cádiz, es decir los compromisos del Gobierno central con Delphi (18 millones).

Otras enmiendas destacadas se refieren a las cercanías en la provincia de Sevilla (6 millones); la variante Beas-Trigueros, en la provincia de Huelva, de N-435 (4 millones); la duplicación de la N-432, entre Badajoz y Granada, a su paso por Córdoba (300.000 euros) y el Palacio de Congresos de Córdoba (2 millones).

Mientras, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y la vicesecretaria de Política Económica y Empleo del PP andaluz, Fátima Báñez, anunciaban ayer que su partido presentará 325 enmiendas a los PGE que reclaman una modificación que se traduciría en 5.022 millones de euros más para Andalucía, ya que plantean 1.500 millones más en inversión y otros 3.522 millones del ahorro si se eliminara la subida de impuestos.

Según desglosaron, las enmiendas significarían casi 1.500 millones de euros más de inversión en Andalucía, de los que 784 millones llegarían a través del pago de la deuda histórica; doce millones a través de un Plan Especial de Empleo para Andalucía y 700 millones para obras e infraestructuras prioritarias en distintas provincias.

De la misma forma, dejarían en el bolsillo de los andaluces 3.522 millones de euros si se eliminara la subida de impuestos que el gobierno socialista ha incluido en este presupuesto, con lo que si se suman los 4.180 millones de euros recogidos ya en los PGE, Andalucía podría contar hasta con 9.000 millones de euros.

Báñez dijo que con el incremento de 1.500 millones de euros de la “inversión pura y dura”, Andalucía pasaría a ser la comunidad con más inversiones del Estado, ya que sumados a los 4.180 millones que recoge el presupuesto llegarían 5.680 millones.

El PP andaluz sitúa como prioridad el pago en metálico de los 784 millones de euros pendientes de la liquidación de la deuda histórica, lograr mayor inversión productiva para crear empleo; más recursos para las familias y pymes y autónomos; más ayudas a los más desfavorecidos; más recursos para los ayuntamientos para hacer frente a la crisis y más seguridad y mejor justicia.

En infraestructuras, el PP plantea el AVE a todas las capitales de provincia y agilizar las grandes infraestructuras de carreteras, puertos y aeropuertos que mejoren las comunicaciones dentro de Andalucía y con el resto de España, así como ejecutar las obras hidráulicas para solucionar el déficit hídrico de Almería y agilización de los proyectos recogidos en el Plan Hidrológico.

Los populares proponen con sus enmiendas un Plan Especial de Empleo para Andalucía dotado con doce millones de euros; planes de reindustrialización para impulsar la industria más competitiva; y ayudas al sector agrícola, ganadero y pesquero.

La eliminación de la subida de impuestos prevista por el Gobierno de la Nación supondría un ahorro para el bolsillo de los andaluces de 3.522 millones de euros, según dijo Báñez, quien ha apostado por la necesidad de plantear nuevas rebajas de impuestos tanto a las familias como a las pymes y a los autónomos.

Entre las enmiendas destinadas a más ayudas a los más desfavorecidos destacan la extensión de los 100 euros a las mujeres con hijos menores 3 años en paro, dadas de alta en el INEM, un plan especial de apoyo a la Familia, y mayores recursos para la integración de inmigrantes, entre otras medidas.

Para los ayuntamientos, el PP propone un nuevo Plan de Liquidez por 5.000 millones de euros; 3.000 millones para pagar facturas pendientes con pymes y autónomos; y 2.000 en inversión productiva, mientras que en materia de seguridad propone más policías y guardias civiles junto a más recursos para la modernización de la Justicia.

Las leyes locales distancian aún más a los dos grandes partidos

Por otra parte, la reunión hoy de la Mesa de Concertación Local entre la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se celebrará con el distanciamiento de PSOE y PP, ya que mientras los socialistas instan a los alcaldes populares a hacer frente a la estrategia de Arenas en contra de las dos leyes locales, la dirección regional del PP consideran que las normas sólo persiguen más “control político” por parte de la Junta y sin garantizar la financiación.

Así, el secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, apelaba ayer al “interés general” para que los alcaldes del PP respladaran la Ley de Autonomía Local y la de Participación en los Tributos de la Junta frente a la estrategia de confrontación de Javier Arenas, que busca usar estas normas como “arma arrojadiza” contra la Junta.

Velasco reiteraba la voluntad del PSOE de que ambas normas sean aprobadas con el consenso de la FAMP y les recordaba a los alcaldes del PP que el 83% de los municipios ya la han respaldado. “No sabemos qué va a hacer el 17% restante”, apuntaba Velasco, para recordar que “falco favor harían los alcaldes si utilizaran estas leyes como arma arrojadiza contra la Junta y para la confrontación”.

“Con esas cuestiones no se juega”, señalaba Velasco, que invitaba al PP a presentar las modificaciones como enmiendas en el trámite parlamentario.

Sin embargo, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció ayer que el PSOE pretende convertir la futura Ley de Autonomía Local en una norma de “control político” de los ayuntamientos al “reservarse la posibilidad de retirar las competencias por motivos subjetivos”.

Además, pedía a todos los alcaldes que no apoyen una norma que no conlleve una garantía de financiación porque no se pueden asumir competencias sin el dinero suficiente.

“Les pedimos a todos los alcaldes, no solo a los del PP, que no apoyen una Ley de Autonomía local que suponga más competencias sin mayor financiación”, subrayó Sanz, quien reclamó al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Francisco Toscano, que no acepte “este trágala”.

Según Antonio Sanz, esta norma puede convertirse en un “auténtico timo” para los ayuntamientos porque la Junta “se reserva” para sí todas las competencias puesto que plantea “meras encomiendas de gestión” para los municipios, con delegaciones que “no suponen en ningún caso” una transferencia de competencias.

El dirigente del PP subrayó que se trata de la “antítesis” de la autonomía local, puesto que se convierte en una norma “de control político” de los ayuntamientos, y además no le transfiere “ni los recursos ni la competencia real de decisión” como ocurre por ejemplo con el urbanismo.