La Ley de Aguas favorecerá la “reactivación y la creación de empleo”, pues incluye un “ambicioso” Plan de Infraestructuras -el cual estará diseñado a los dos meses de la entrada en vigor de la norma- que será declarado de Interés para la Comunidad y se ejecutará antes de que finalice el año 2015 y que servirá para alcanzar los objetivos dispuestos en la Directiva Marco, entre ellos el de que el cien por cien de nuestros municipios depuren correctamente sus aguas.
Esta es una de las principales características que sobre el proyecto de Ley de Aguas ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien quiso recordar también que la financiación de este plan se costeará a través de la puesta en marcha de un canon de mejora, que tendrá un carácter finalista para reinvertirlo en proyectos de infraestructuras de depuración y saneamiento que consigan el buen estado de las masas de agua, ya que, lamentó, entre el 15 y 18 por ciento de la población andaluza “no depura sus aguas correctamente y, por lo tanto, contamina”.
Al mismo tiempo, indicó, la normativa conseguirá que, a través de la flexibilización del régimen concesional, se “equiparen todas las actividades económicas, siendo los criterios de mayor valor añadido, mayor generación de empleo y mayor cohesión territorial los que determinen la prioridad en cada caso”.
Así, garantizó que “todos los proyectos innovadores y creadores de puestos de trabajo no van a encontrar ningún obstáculo en la accesibilidad a los recursos hídricos”. Según recordó, la entrada a nuevos usos se podrá realizar a través de una figura de nueva creación, el Banco Público del Agua, que podrá adquirir derechos de concesiones de agua y dirigirlas hacia donde exista una mayor necesidad.
En plena tramitación parlamentaria, abriendo también la participación a agentes sociales y económicos implicados, la consejera de Medio Ambiente confía en que se produzca un debate “constructivo” y con “vocación de entendimiento” entre los diferentes grupos políticos, apelando a la “altura de miras” de los mismos en esta fase.
Castillo está convencida de que el diálogo parlamentario servirá para “mejorar” el texto, por lo que instó a los grupos a presentar sus posibles enmiendas al documento desde la “sensibilidad ambiental y económica y teniendo en cuenta el obligado respeto a la voluntad popular ya expresada tanto en el Acuerdo Andaluz por el
Agua como en el propio proyecto de Ley”, ya que así, dijo, “tendrán cabida todas las aportaciones que se hagan”.
En este sentido, insistió en que el actual Proyecto de Ley cuenta con el “consenso y respaldo más amplio que se hubiera imaginado” por parte de regantes, agricultores, empresarios o administraciones públicas, afirmando que la voluntad de acuerdo “ha sido lo que ha estado presente, primero, en la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua, y posteriormente, en el proceso de redacción de la norma”.
De este modo, resaltó que la Administración ambiental ha dado “sobradas muestras” de su inclinación a aceptar las propuestas que se han planteado en los distintos borradores de la Ley, señalando que, “no en balde, se han incorporado alrededor del 80 por ciento de las más de 1.000 alegaciones que se han presentado”.
Asimismo, defendió que el texto cuenta con el “respaldo unánime” del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo, órganos que a través de la emisión de respectivos dictámenes han trasladado diversas observaciones que “también han sido tenidas en cuenta en la Ley”.
Según la consejera, la futura Ley se concibe en estos momentos como una “oportunidad histórica”, ya que coincide con la culminación del traspaso de competencias de la gestión de cuencas del Estado a la Comunidad y la conformación de la estructura funcional de la Agencia Andaluza del Agua, “capacitada para administrar con plenas garantías la práctica totalidad de aguas que discurren por Andalucía”.
Igualmente, respaldó su oportunidad en el hecho de que “es necesario adaptar la gestión del agua a las necesidades concretas de la sociedad andaluza del siglo XXI”, la cual “ve en el agua un elemento de cohesión y vertebración y también un potente activo económico”, respondiendo a las reclamaciones para su regulación con criterios homologados.
“Estoy convencida de que con esta norma vamos a experimentar un salto cualitativo en la mejora del estado de las aguas y en la promoción del uso sostenible del recurso, y lo vamos a hacer posible manteniendo el principio de unidad de cuenca y la gestión integral de la misma, mejorando el control sobre dichas cuencas, introduciendo el principio de recuperación de costes y planificando medidas eficaces de protección”, aseguró la consejera.
Directiva marco
Un beneficio inestimable para nuestro ecosistema
Según Cinta Castillo, “para el medio ambiente, la futura Ley reviste un beneficio inestimable, pues la aplicación de la norma nos va a garantizar el buen estado ecológico de las masas acuáticas andaluzas tanto las superficiales como las subterráneas, como establece la Directiva Marco de Aguas de la UE”.
Además, esta ley “favorece” la entrada de la sociedad en la gestión del agua, “fomentando su participación y posibilitando a todos los usuarios, a través de sus representantes, la presencia en los órganos colegiados de gestión y coordinación”, extremo que se verá reforzado con la creación del Observatorio Andaluz del Agua, un “instrumento pionero” en España, concebido como órgano de consulta, asesoramiento y participación social.
Otras de las novedades, serán la regulación de las masas de agua subterráneas, la creación de mapas de peligrosidad para inundaciones o la ampliación a municipios de más de 10.000 habitantes de planes de emergencia contra la sequía.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
