La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) advirtió en su último informe, con datos relativos a 2018, que el 38,2% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 37,3% del año anterior, pese al esfuerzo en la creación de empleo. Con más de doce puntos por encima de la media nacional, la región solo era superada por Extremadura y rompió con estos datos la tendencia a la baja registrada desde 2016.
La entidad explica en las conclusiones del estudio que el incremento del indicador se debió “exclusivamente al empeoramiento de la situación de las mujeres”, cuya tasa ha crecido casi dos puntos porcentuales en solo un año, mientras que la masculina se mantenido.
El Informe Empleo 8 de Marzo 2020, de la Unión Provincial de CCOO, no aborda directamente la pobreza, pero aporta datos que explican las profundas desigualdades sociales existentes entre ambos sexos por “todas las discriminaciones directas o indirectas que sufren las mujeres en el ámbtio laboral”.
En primer lugar, el documento remarca que la evolución de los salarios indica una importante caída de los sueldos desde el año 2011, aunque remontaron levemente en 2014. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha permitido un ligero incremento en el sueldo medio en Cádiz en términos interanuales, situándose en 13.258 euros al año, unos 170 menos que en el conjunto de la comunidad. Hay que tener en cuenta que la subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias influye especialmente en la provincia porque el 53,1% de las ocupadas cobra menos del SMI.
Pero la pérdida de poder adquisitivo es ostensible: los 13.258 euros anuales solo representan el 77,4% en relación al salario del Territorio de Régimen Fiscal Común (TRFC). Las mujeres, advierte el sindicato, “continúan padeciendo una fuerte segregación ocupacional y sectorial, mayor tasa de trabajo a tiempo parcial, jornada parcial y diferencia salarial”. En este sentido, la estadística apunta que la brecha salarial alcanza el 29,2%, de manera que los gaditanos cobran 5.479 euros más que las gaditanas de media al año.
En todos los sectores, el percibo medio es mayor entre los hombres. Así, el diferencial es del 42,3% en agricultural y ganadería; un 41,3% en la industria manufacturera y comercio, reparaciones y transporte; y de un 38,5% en servicios a las empresas. Incluso en sectores “feminizados” como servicios sociales, advierte CCOO, la brecha es del 24%.
Respecto a la contratación, el informe asegura que “las mujeres que encuentran empleo en la provincia de Cádiz han de hacerlo en mayor proporción con contratos precarios y la temporalidad se cifra en cerca del 96%”.
La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social alerta en particular de la situación entre las trabajadoras del hogar, “una de las principales fuerzas de trabajo femenina asalariada” que “son a menudo excluidas de la protección social y laboral al encuadrarse la actividad en un mercado de trabajo informal, favoreciendo a su infravaloración”. Y concreta que los índices de feminización provicial y de la comunidad se elevan a valores que oscilan entre 1.500 y 3.500, “es decir, en Andalucía, por cada 100 hombres afiliados al Régimen Especial de Empleadas de Hogar, hay más de 2.100 mujeres”.
Dos datos más explican las desigualdades aún existentes. Por una parte, la evolución de las excendencias por cuidados familiares sufrió una importante caída durante la crisis, pero remonta en 2019. De las 898 solicitadas en la provincia, 831 son de mujeres, mientras solo 67 son solicitadas por hombres. En términos relativos, Cádiz registra el porcentaje más bajo de excendencias masculinas entre todas las provincias andaluzas; el porcentaje autonómico y en España es del 11%.
De otro lado, los datos de la EPA refleja una diferencia de 15% en la tasa de activos. CCOO considera “chocante que se llame inactivas a mujeres que se están dedicando generalmente al trabajo de cuidado de sus familias”. En cualquier caso, esta situación lleva a que las mujeres cobren 5.300 euros menos de pensión, lo que dispara el riesgo de pobreza y exclusión social en la tercera edad.
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