El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural (PER), acrónimo que tuvo que dejar de usarse por su negativa percepción, tiene su antecedente en el Plan de Empleo Comunitario, cuyo objetivo era corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales y aminorar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas. La normativa reguladora tiene más de 20 años (Real Decreto 939/1997) y con ella se regula el programa de fomento de empleo agrario y los créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las comunidades que lo poseemos.
El objetivo de este programa era la búsqueda de la máxima efectividad en la utilización de los fondos públicos disponibles, mediante un enfoque integral de las inversiones de las distintas administraciones públicas tanto estatal como autonómica y provincial, al objeto de crear y mejorar infraestructuras que posibilitaran la consolidación de actividades productivas generadoras de empleo, como contempla su articulado.
El año pasado, la cantidad total que se destinó al Plan de Fomento Agrario ascendió a 234 millones de euros después de haberse llevado congelado 7 años. El reparto fue de 161 millones de euros abonados por el Estado para la contratación de la mano de obra y 54,4 millones de euros por la Junta de Andalucía, junto con los 18 millones de euros aportados por las diputaciones provinciales.
Desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se ha querido continuar en este año 2020 con esta tendencia. Más aún, en la primera Plenaria del nuevo mandato del Comité de las Regiones, planteamos desde la Junta de Andalucía la necesidad de que cada año se llevara a cabo un incremento como mínimo del 5% para poder así compensar los 7 años que ha estado congelado. En cualquier caso, desde nuestra Consejería tenemos contemplados para 2020 en nuestro presupuesto una subida del 2,54% alcanzando los 55,8 M€.
Pues mientras trabajamos en esta línea de favorecer a las zonas más necesitadas de nuestro apoyo, el Gobierno de la nación mediante el Real Decreto 231/2020, ha procedido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950€/mes (es decir, un 5,5%), el cual tendrá consecuencia directa en los andaluces, si no se toman medidas complementarias. No voy a entrar en las consecuencias, ya más que estudiadas, de los efectos perversos de un encarecimiento del SMI a la hora de hacer menos flexible nuestro mercado laboral, sino en la repercusión directa de esta subida en los puestos de trabajo que se generan a través de este programa PFEA.
En 2019, gracias el PFEA superamos los 118.000 contratos. No nos olvidemos que es precisamente en las zonas rurales donde el trabajo relacionado con el campo tiene sus salarios indexados directamente con el SMI, por encontrarse en la banda inferior salarial, por lo que la afectación es directa. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno central proceda de nuevo a incrementar la misma, al menos en el mismo porcentaje en el que se ha subido el SMI, para que no existan pérdidas de empleo. Esto ya ha sido reclamado desde la Junta de Andalucía al Gobierno central para no perder, aproximadamente, 15.000 empleos en Andalucía que pueden estar en juego y evitar que los ayuntamientos de Andalucía tengan una mayor carga financiera y económica en la gestión de la mano de obra que trabaja en nuestra comunidad en obras de infraestructuras en el entorno rural.
Tomar decisiones impulsivas y sin la evaluación de todas las posibles consecuencias de una medida de política económica provoca, como es este caso, que decisiones electoralistas provoquen auténticos desaguisados. Es por ello se hace necesaria la evaluación de políticas públicas y no es casualidad que precisamente la Ley que impulsamos desde Ciudadanos acabe de entrar en la fase de audiencia pública del Anteproyecto. Y como alguna de las muchas definiciones que existen del término política y que la define como “el quehacer ordenado del bien común”, hagamos eso. EVALUEMOS.
* Manuel Alejandro Cardenete es Viceconsejero de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
