Actualizado: 15:30 CET
Sábado, 28/03/2020

Andalucía

Fiscalía denuncia ante TSJA a los exconsejeros Arellano y Carnero

Tras estudiar la denuncia presentada por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, "por negarse a declarar" en la comisión de investigación sobre Faffe

  • Comisión.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado este viernes una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la Sala de lo Civil y Penal, contra los diputados autonómicos del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero, como miembros aforados, tras estudiar la denuncia presentada por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, "por negarse a declarar" en la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en el mes de noviembre, donde estaban citados en su condición de exconsejeros de la Junta.

Según una nota de Fiscalía Superior, la denuncia indica que pudieron haber cometido un presunto delito del artículo 502.1 de Código Penal al "negarse a declarar y a responder a las preguntas que pudieran formularles los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación", en su condición como exconsejeros de la Junta de Andalucía.

La denuncia del Parlamento andaluz está presentada contra cinco representantes del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía: el expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros María Jesús Montero (actual ministra de Hacienda), José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero.

Por tratarse de miembros no aforados en la actualidad Manuel Chaves y José Sánchez Maldonado, la Fiscalía Superior de Andalucía se inhibe de la causa y envía la denuncia a la Fiscalía Provincial de Sevilla, quien a su vez debe remitirla al Juzgado número 12 al mantener abiertas diligencias previas por otra denuncia judicializada presentada por Vox contra Manuel Chaves con los mismos hechos denunciados por el Parlamento.

Mientras, la denuncia contra María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, ha sido archivada por considerar la Fiscalía Superior que las autoridades de la Administración del Estado no tienen obligación de comparecer ante las comisiones de investigación creadas por los parlamentos autonómicos.

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