La Cámara de Cuentas de Andalucía ha iniciado el informe de fiscalización de las políticas en materia de violencia de género desarrolladas por la Junta, con especial referencia a las medidas adoptadas por la Administración de Justicia, ha informado en un comunicado.
Será objeto de fiscalización la actuación realizada por los órganos, unidades y departamentos que tengan asignado el ejercicio de atribuciones y competencias en políticas de violencia de género en las siguientes Administraciones: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (anterior Consejería de Justicia e Interior) y la Dirección General de Violencia de Género y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Se fiscalizarán los fondos y recursos económicos destinados a las políticas en materia de violencia de género gestionados por las entidades anteriormente mencionadas, según la nota.
El objetivo general del trabajo es hacer un "examen sistemático y objetivo para "proporcionar una valoración independiente de la atención, asistencia y protección jurídica, así como la seguridad personal y apoyo económico a las víctimas de violencia de género por parte de la administración", ha explicado la Cámara de Cuentas.
Se pretende estimar el grado de recuperación social y laboral de las víctimas de violencia de género que han pasado por el proceso de denunciar y recibir la atención, asistencia y protección de los servicios públicos que forman parte de las políticas en materia de violencia de género.
La finalidad del informe, cuyo primer borrador estará en octubre, es analizar el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado por la Administración en la utilización de los recursos disponibles, detectar sus posibles deficiencias y proponer a la dirección las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas, de acuerdo con los principios generales de la buena gestión.
El ámbito objetivo lo constituye la fiscalización de los fondos y recursos económicos destinados a las políticas en materia de violencia de género gestionados por las entidades anteriormente mencionadas
El ejercicio fiscalizado será principalmente 2018, sin perjuicio del análisis de la evolución de indicadores con respecto a períodos anteriores y posteriores.
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