Los padres andaluces podrán elegir los colegios públicos y concertados que prefieran sin límites de zonas. A partir del próximo curso 2020/21 no se penalizará en la baremación de los puntos la residencia familiar para que todos puedan optar a ese centro educativo deseado. El Gobierno andaluz lo llama “libertad” de elección pero desde el PSOE califican este decreto como un “misil” dirigido a la educación pública.
Se trata de una nueva normativa aprobada en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes en el Palacio de San Telmo. Con ella se pretende intriducir mejoras en este procedimiento para que sea “más transparente” y se pueda “avanzar en la conciliación familiar”, según ha indicado el consejero de Educación, Javier Imbroda.
Inicialmente este decreto va dirigido sólo a un 7% de los padres andaluces, que son los que tienen problemas para escolarizar a sus hijos en el centro público deseado. Imbroda ha explicado que un 82% de los municipios de Andalucía no tienen centros educativos concertados.
Es más, ha puesto como ejemplo el caso de Alcalá de Guadaíra en la provincia de Sevilla, que sólo tiene un colegio concertado y varios públicos y hasta ahora solo podían acceder al concertado las familias de la zona de influencia.
La gran novedad del decreto es la adscripción de los institutos de centros concertados a institutos públicos con el objetivo de estabilizar la oferta y la demanda y evitar que alumnos de la concertada abandonen un centro en tercero y cuarto de la ESO para matricularse en bachillerato de un centro público.
En la normativa aprobada por el Gobierno andaluz se establecen nuevos criteros de admisión para segundo ciclo de Infantil Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Entre ellos, el aumento de la puntuación a las familias con menos renta, la ampliación del número de tramos de renta, el cambio en las listas de espera, el aumento de la puntuación por hermano escolarizado en el centro y la baremación de matriculación en el primer ciclo de Infantil.
Entre los criterios de preferencia están las víctimas de violencia de género y de terrorismo y los hijos de los docentes que trabajan en ese centro.
Por último, Imbroda ha hecho hincapié en que estas medidas nacen del consenso de la comunidad educativa.
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