El artículo 61 de la citada Ley de Bases del Régimen Local establece que "el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Dicho artículo ya se aplicó a Marbella a raíz de la 'Operación Roca' sobre los años de gobierno municipal del GIL.
Para Cayo Lara, en El Ejido "hay una situación de emergencia" y la operación contra el blanqueo de capitales, con una veintena de detenidos, ha puesto de manifiesto que "el escándalo es grande".
A su juicio, "se ha gestionado gravemente y se han incumplido las obligaciones constitucionales", y por ello plantearán en el Parlamento la disolución de la Corporación de El Ejido, donde el PAL gobierna con mayoría absoluta, con el fin de que se constituya una comisión gestora y se pueda sacar al municipio almeriense de la "situación de ingobernabilidad" que atraviesa.
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