La titular de Economía, Carmen Martínez Aguayo, reiteró ayer en varias ocasiones que “no existe” motivo alguno por el que CajaSur y Unicaja no estén satisfechas con el decreto porque “no hay nada en esta herramienta que impida el protocolo de fusión” firmado entre ambas entidades.
Es más, apuntó que el decreto se ha formulado para dar cabida legal a esta fusión y acelerar el proceso, ya que la singularidad de CajaSur ha obligado a “cambiar una legislación para dar cabida a un pacto entre particulares”, además de incluir en la Ley de Cajas, que no se contemplaba, la posibilidad de fusiones interregionales, que se estudiarán “con igual flexibilidad” una vez que se planteen.
Así, admitió que las quejas de CajaSur se han traducido en la introducción en el decreto de los porcentajes de participación del Cabildo Catedralicio de Córdoba en Unicajasur que ya recogía el protocolo de fusión entre la entidad cordobesa y Unicaja. Así, el Cabildo tendrá 21 representantes en la asamblea general, que contará con 300 miembros; 25 en el consejo de administración; uno en la comisión ejecutiva y otro en la comisión de control; además de recoger para CajaSur una vicepresidencia ejecutiva.
Órdago o intervención
La consejera no quiso entrar a valorar si CajaSur está en condiciones de lanzar un órdago, abandonar el proceso de fusión o si podría ser intervenida por el Banco de España. En su lugar apostó por confiar “en la buena gestión y en la pauta de comportamiento responsable y respetuoso con sus propias entidades y con la sociedad” que han tenido hasta ahora los presidentes de las cajas.
Martínez Aguayo quiso dejar claro que, una vez se formalice la fusión, Unicajasur se incorporará al régimen general, no habrá privilegios ni prerrogativas, por lo que los mandatos tendrán una duración de seis años hasta un máximo de doce o la jubilación se establecerá a los 70. “A partir de la fusión, se aplicará la norma general”, puntualizó.
Durante el proceso de fusión, se respetarán los porcentajes de representación en los órganos de gobierno y se ampliará el periodo de dos a tres años si hay creación de nueva entidad, que podrá en un futuro modificar el número de miembros y los porcentajes de representación.
Además, se paralizarán los procesos de renovación y se computará como un único mandato hasta el fin del periodo transitorio, aplicándose a partir de entonces las limitaciones en los cargos.
Martínez Aguayo justificó que no se haya llegado a un acuerdo general con PP e IU en que planteaban “elementos que cambiaban el reparto del poder y no es el momento porque dificultaría la fusión”, más cuando el decreto debe convalidarse en 20 días en el Parlamento y no hay tiempo para una negociación que sí emplazó para un futuro, con el objetivo de alcanzar un pacto entre todos los partidos políticos.
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