El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este miércoles un hecho "insólito" que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda "adaptar" el Código Penal a los independentistas que han "vulnerado" y dado un "verdadero golpe de estado" a la Constitución.
En comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de su visita a Fitur, Moreno, que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), se ha pronunciado así al hilo de que el Gobierno esté estudiando una reforma del Código Penal para la revisión de los delitos de sedición y rebelión, lo que conllevaría una rebaja de las penas los líderes independentistas catalanes condenados.
Tras indicar que, normalmente, lo que hace un gobierno es adaptar el Código Penal a las necesidades en materia delinquiva que tiene el país, el presidente de la Junta ha señalado que en España está ocurriendo "algo absolutamente insólito en nuestro entorno europeo" y es que el Gobierno de Sánchez pretende adaptar el Código Penal "a los que ya han sido sentenciados por la justicia".
Para Moreno, de manera "clara, evidente e insultante" se está planteando una "pasarela para poder sacar de la cárcel a personas que han vulnerado nuestro marco constitucional y que han dado un verdadero golpe de estado a la Constitución". Ha apuntado que ello supone una "burla a los procedimientos penales, al estamento judicial y a los ciudadanos".
Por su parte, Juan Marín ha manifestado que esa reforma del Código Penal que se ha puesto sobre la mesa es un "pago evidente" a los independentistas y separatistas catalanes en el marco del acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez.
"Es un paso atrás y ceder ante el chantaje no me parece el paso correcto", según ha recalcado Marín, para quien hay que mantenerse "firme, respetar las decisiones judiciales y no nombrar a dedo, como se está haciendo, a los responsables de la justicia en este país". Ha indicado que el Gobierno debería empezar por poner en práctica la separación de poderes y el respeto a las instituciones.