El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha señalado este jueves que la Junta figura como acusación particular en 192 diligencias previas abiertas en torno al caso de los ERE, en el marco de la jurisdicción penal; mientras que Vox ha acusado a la Junta de ser "laxa" en las acciones para recuperar el dinero defraudado.
Así, en una interpelación presentada por Vox en el Pleno del Parlamento, Bendodo informado de que hasta la fecha se han incoado 192 diligencias previas en torno al caso de los ERE, en el marco de la jurisdicción penal, siendo el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía acusación particular.
En estas diligencias previas se investigan pagos por un importe de 764.354.244,99 euros y que para su recuperación se irán ejercitando las acciones civiles a medida en que se dictan los correspondientes autos de Procedimiento Abreviado (PROA). Según ha precisado, en 20 de estas piezas se han dictado autos PROA y se ha ejercitado la acción civil en 18 piezas, por un importe de 18.259.282,86 euros. Se trata de una cantidad permanentemente actualizada al alza, a medida que se presentan
nuevos escritos de calificación provisional. De hecho, se encuentran en plazo y pendientes de calificación dos piezas.
Por lo que respecta a la jurisdicción contable, ha explicado que las diligencias previas se abren en el Tribunal de Cuentas en 2011 y que, en lo relativo al pago de pólizas de prejubilación, quedan pendientes de liquidación provisional 10 expedientes de ayudas sociolaborales. También ha explicado que se han incoado 16 procedimientos de reintegro por alcance y se encuentran pendiente de sentencia 16 demandas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía por 36.179.585,55 euros.
En lo que se refiere al pago de subvenciones a empresas y ayuntamientos, se han incoado 44 procedimientos de reintegro por alcance y han recaído 27 sentencias que declaran el reintegro por alcance por un importe de 18.530.348,14 euros. Se encuentran pendiente de sentencia 10 demandas por 16.901.811,79 euros.
En materia de pago de sobrecomisiones a las empresas mediadoras de seguros, se ha incoado un único procedimiento de reintegro por alcance y está pendiente de sentencia la demanda del Gabinete Jurídico por un importe de 64.362.818,42 euros.
Por lo que respecta al contencioso administrativo, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa la actuación del Gabinete Jurídico se produce como consecuencia de la impugnación de las decisiones previamente adoptadas por la Administración.
Las revisiones de oficio se han centrado, por poner varios ejemplos, en intrusos, subvenciones a empresas y sobrecomisiones. En concreto, según ha detallado Bendodo, de las revisiones relacionadas con las ayudas a empresas han sido objeto de revisión de oficio 196 ayudas y de ellas han sido objeto de impugnación contencioso-administrativa las decisiones de revisión de 107 ayudas, con una cuantía discutida estimada de 100.574.843,71 euros.
Se han obtenido 46 sentencias favorables por unos 33,9 millones de euros, aunque se trata de datos sujetos a revisión y permanente actualización. "Una cosa son las sentencias judiciales favorables, y otra muy distinta que podamos recuperar el dinero para las arcas públicas, una tarea que no es sencilla", ha manifestado el consejero de la Presidencia.
Finalmente, ha garantizado que cada asunto que este Gobierno considere irregular se va a trasladar de manera inmediata a los juzgados. "Aquí no se trata de ir buscando papeles en los cajones; aquí se trata de analizar cada denuncia o cada sospecha que los propios trabajadores de la Junta nos indiquen porque es nuestra obligación", ha advertido.
VOX: "TENEMOS MUCHAS DUDAS"
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha mostrado su preocupación por que el caso de los ERE en "toda su extensión y magnitud pueda colmatar toda la actividad del Gabinete Jurídico de la Junta" para recuperar el dinero defraudado en esta causa, "quedando su actividad comprometida dada su complejidad y todas las ramificaciones".
Hernández ha detallado que el reintegro por el momento ha sido de 20 millones de euros desde que hace casi nueve años la juez Mercedes Alaya abriera diligencias, cuando el montante sería de unos 680 millones.
"Tenemos muchas dudas y conociendo la dificultad jurídica y material, nos gustaría tener más detalles sobre esta cuestión", ha señalado Hernández, quien ha destacado "las muchas dudas que se ciernen sobre el funcionamiento del Gabinete Jurídico".
En este sentido, ha insistido en que "la forma en que se ha defendido el interés general ha supuesto, de entrada, que algunas posibilidades de recobro se hayan esfumado" y ha apuntado que se han producido "ocasiones" en que el Gabinete Jurídico ha sido "advertido por su falta de colaboración, incluso bajo el mandato del actual Gobierno".
"La sociedad requiere a este Gobierno que especifique los pasos que se van a dar y quieren garantías de que defraudar no sale gratis, eliminar cualquier titubeo para actuar ante la corrupción", ha destacado el portavoz parlamentario de Vox, que ha advertido de que "la sociedad puede pensar que este Gobierno es cómplice del anterior" de darse el caso de que no se llegue a recuperar el dinero.
Además, ha pedido que se tomen medidas para "los letrados que han actuado de manera cuestionable y han confundido el interés general con el Gobierno anterior" y ha reprochado que haya quien "siga ocupando puestos de libre designación cuando han justificado lo injustificable" poniendo "en duda a todo el Gabinete Jurídico".
Por último, Vox ha descrito los tres bloques de caso --la pieza política, la determinación de beneficiarios y sobrecomisiones a empresas del círculo socialista y otro grupo sobre las ayudas sociales a empresas-- y también ha dividido en tres grupos las cantidades fraudulentas --entregadas a empresas por indemnizaciones de ERE, entregadas para fines diversos, algunas a fondo perdido, y las ayudas a personas físicas afectadas por ERE--.
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