Dos fueron los motivos principales que alegó la jueza para razonar este aplazamiento. Por un lado, la imposibilidad de desarrollar toda la causa completa en un solo día ante la cantidad de imputados (cinco) y testigos (al menos una docena) a los que debía tomarse declaración. Pero es que, además, un inconveniente técnico relacionado con la aportación de la documentación había impedido también el traslado de todas las pruebas a las distintas partes implicadas.
De ahí que los abogados de uno y otro lado terminaran compartiendo con la magistrada la idea de retrasar el juicio. Con todo, la situación no deja de poner al descubierto, una vez más, las graves carencias de las que adolece la justicia española, máxime cuando el suceso en cuestión se produjo en septiembre de 2007.
Sin embargo, el letrado de la acusación, Javier García Marichal, prefería ayer buscarle el aspecto positivo a este imprevisto. Quizá por eso apeló al refrán de “no hay mal que por bien no venga”, siempre que la demora sirva para lograr un proceso “con todas las garantías” y con “tiempo suficiente”. Igualmente, negó que este hecho conlleve un varapalo excesivo a la familia del fallecido, pues “como me decía la propia viuda de Jesús, si han esperado dos años, no va a suponerles un problema aguantar otros cuatro meses”, aseveró.
Según García Marichal, los parientes y amigos de la víctima mantienen las mismas expectativas de conseguir un dictamen ejemplar que contribuya a frenar en el futuro nuevas tragedias en el tajo. “Esa es su bandera y nuestro objetivo”, remarcó el abogado, quien reiteró que, más allá de las indemnizaciones, sus clientes aspiran a que “la siniestralidad laboral no se solvente con un mero coste económico” y que “el que lo haga, lo pague y lo pague con la prisión”.
En este sentido, la acusación particular solicita para los procesados una condena de cuatro años por “homicidio imprudente” y otra de tres por un “delito contra la seguridad de los trabajadores”. Se trata de la misma petición realizada por la acusación popular, ejercida por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), mientras que la Fiscalía --representada por la fiscal jefe, Ángeles Ayuso-- les atribuye los mismos cargos, si bien rebaja a un año y medio la pena reclamada por la falta de seguridad en la obra.
Sin incidentes
Pese a lo delicado del caso, la calma marcó la jornada hasta el momento en que se confirmó la suspensión de la vista. Durante más de una hora, los familiares de Jesús Mera se cruzaron en los pasillos del juzgado y compartieron sala de espera con los presuntos culpables del finado, sin que afortunadamente surgiese ningún encontronazo o incidente.
Los imputados por este accidente mortal son el promotor y propietario de la finca, Francisco Sánchez, los constructores Ángel Recuerdo y Manuel Rodríguez, así como el arquitecto y el jefe de la cuadrilla. Cabe recordar, además, que las tres primeras personas mencionadas ya fueron condenadas por el juzgado número 1 de lo Social por el “despido improcedente” del hijo de la víctima, José Luis, y por la “contratación irregular” del sobrino. Ambos trabajaban en la misma obra que Jesús. Sin embargo, estas sentencias han sido recurridas.
"Allí no había arneses y no nos daban guantes ni cascos"
Aunque no declaró ante la jueza, al hijo de Jesús Mera -como a toda su familia- le tocó ayer revivir de nuevo el trágico suceso que hace dos años acabó con la vida de su padre. José Luis, quien trabajaba en la misma obra, no dudó en relatar a los periodistas la “falta de protección” existente en aquella finca del caso antiguo. “Les pedíamos guantes, cascos o andamios en condiciones, pero nunca nos lo traían”, explicó. De manera que, al cabo de los días, “teníamos todas las manos reventadas”, agregó.
Otro de los elementos de prevención ausentes en esa actuación -según dijo- eran los arneses, algo que hubiera evitado que la víctima muriese al precipitarse al vacío desde una altura de diez metros. Sin embargo, “allí lo único que había eran dos cinturones bien antiguos, no homologados”.
El joven gaditano recordó, además, que ni él ni su progenitor contaban con contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. “Pasó el mes entero y nadie nos entregó la nómina para firmarla”, indicó José Luis, quien señaló que no lo denunciaron por no perder el empleo. Quienes sí advirtieron de esta situación a la Inspección de Trabajo, unos meses antes, fueron los vecinos que vivían dentro del edificio. Pero la queja no prosperó.
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