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Domingo, 15/12/2019

Sevilla

La oferta de Emérita para Aznalcóllar era de "escasa solvencia"

El que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación y expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha declarado este lunes como investigado

  • Vicente Fernández.

El que fuera secretario de la Consejería de Economía e Innovación y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha declarado este lunes, en calidad de investigado, ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla y ha asegurado que Emerita, la otra empresa que se presentó al concurso convocado para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, "se dirigió con antelación y en reiteradas ocasiones a la Junta, durante el tiempo que duró el proceso de adjudicación, para que le indicase con qué compañía local debía aliarse o, incluso, fusionar su proyecto, con tal de conseguir una clara ventaja en el citado concurso".

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, Fernández ha subrayado ante la juez "la escasa solvencia" de Emerita cuando se presentó al concurso convocado por unos derechos de explotación que finalmente fueron adjudicados en 2015 a la agrupación empresarial México Minorbis, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.

Esta ronda de declaraciones comenzó a mediados de noviembre después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ordenara a principios de octubre la reapertura de esta causa al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo el citado juzgado, motivo por el que Fernández dimitió de su cargo como presidente de la SEPI.

El objetivo, ver si existen delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, a parte del de prevaricación que se atribuyó inicialmente.

Durante su declaración, Fernández ha abundado en que para el presidente de Emerita, Joaquín Merino, ésta era una petición formulada "casi de forma obsesiva" a los representantes de la Junta, quienes le dejaron claro en todo momento que se trataba de una cuestión que concernía exclusivamente a empresas privadas en la que la Administración regional "no podía entrar".

El testimonio del ex alto cargo de la Junta prestado este lunes ante la juez echa por tierra así la versión facilitada hasta ahora por Emerita en el sentido de que la Junta de Andalucía "presionó durante la licitación a favor de los intereses de Minorbis", la empresa que finalmente resultó ganadora del concurso.


Por otra parte, Fernández también ha destacado "la escasa solvencia" de la empresa perdedora del concurso internacional convocado en su día para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. De hecho, la propia Emerita reconoció después de presentarse al concurso que entre los años 2013 y 2015 "estaba incursa en causa de disolución".

Además, fuentes cercanas a las partes han hecho referencia a las dificultades financieras actuales de Emerita, las mismas que están provocando "importantes retrasos en la reapertura de la mina de zinc de Reocín (Cantabria), yacimiento donde la citada empresa actúa con el nombre de Cantábrica de Zinc".

Fernández ha recordado que todo el procedimiento de reapertura de Aznalcóllar nació de una moción aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en julio de 2013. Los tres grupos parlamentarios entonces presentes en la Cámara autonómica --PP, PSOE e IU-CA-- quisieron que la reapertura de la mina estuviera precedida de un "concurso internacional para la selección del mejor explotador posible, garantizando la viabilidad y los parámetros medioambientales, tecnológicos y económicos, y preservando al máximo la selección de la empresa explotadora, atendiendo a los criterios de máxima transparencia del procedimiento, máxima concurrencia de las empresas interesadas y máxima solvencia de las mismas".

Además, durante su declaración ante la juez, Fernández ha lamentado que se esté poniendo en duda la actuación de un conjunto de funcionarios públicos, miembros de la Mesa del concurso y de su Comisión técnica, que decidieron la adjudicación de la reapertura de la mina "sin ninguna clase de presión o injerencia externa".

Al respecto, ha recordado que la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó expresamente a la misma conclusión en su informe de octubre de 2017, indicando que no se había detectado "ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del concurso para favorecer a una u otra empresa licitante".

NIEGA TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Por todo ello, el declarante ha rechazado de plano que existiera tráfico de influencias en el citado concurso internacional, negando de forma taxativa que "tras el mismo fuera ascendido en su escalafón profesional", dado que la Intervención General, cargo al que accedió en febrero de 2016, tiene el mismo nivel orgánico y retribución que la Secretaría General de Innovación.

Fernández ha ejercido su derecho a no contestar a las preguntas del letrado de Emerita, del cual ha destacado que ya fue condenado a abonarle una indemnización por las acusaciones que dirigió contra él, un dinero que ha donado al Comedor Social de Triana, mientras que la Fiscalía no ha formulado ninguna pregunta.

La jueza ha tomado también declaración este lunes a la letrada y al interventor de la Junta de Andalucía que intervinieron en la Mesa del concurso en esta fase de instrucción que continuará el próximo día 12 de diciembre con la declaración de la anterior directora general de Industria María José Asensio y de los empresarios de Magtel, I.L.M. y M.L.M.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, su abogado, Alfonso Martínez Escribano, ha señalado que su cliente ha declarado con "total rotundidad que no hubo ningún trato de favor hacia ninguna empresa y que en la resolución del concurso no hubo para nada ninguna anormalidad", al tiempo que ha subrayado la investigación de la UCO de los correos electrónicos de Fernández sin que conste ninguna destrucción de los 58.000 correos investigados.

Por otro lado, la defensa de Magtel, Juan Carlos Alférez, ha señalado que todos los declarantes "están sosteniendo su inocencia de una manera rotunda y clara y con argumentos incontestables" en una situación, ha añadido, que tendrá que depurarse, indicando además que una vez más, a su juicio, "se vuelven a dar los argumentos que deberían conducir a otro archivo de las actuaciones".

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