El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado este viernes que el juicio de la denominada pieza política del caso de los ERE, en el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, se ha visto "condicionado" por un "clima de presunción de culpabilidad" generado desde la instrucción de la causa.
Chaves se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Ser, en su primera valoración pública tras la condena de la pieza política de los ERE, que ha calificado como "injusta" por lo que recurrirá ante el Tribunal Supremo con la confianza de que "se haga justicia".
El expresidente andaluz ha reconocido una "responsabilidad política" en el caso ERE que "asumí en su momento" con la baja en el PSOE y la dimisión como diputado y ha admitido que "es posible" que se equivocase "en las personas y a la hora de vigilar", pero ha querido dejar claro en ningún momento pudo "apreciar ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos" porque no hubo aviso en este sentido de la Intervención General al Consejo de Gobierno.
"La sentencia no es firme y yo la respeto, pero no la comparto, porque tengo la convicción de la legalidad de todas las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno mientras fui presidente", según ha señalado Chaves, quien ha querido dejar claro que el Consejo de Gobierno "nunca tuvo una advertencia" por parte de la Intervención General de la Junta de que el procedimiento para la concesión de las ayudas a los trabajadores "fuera ilegal o pudiera producir un menoscabo de los fondos públicos".
Ha insistido en que el Consejo de Gobierno que él presidió "nunca fue advertido" de ilegalidad o de menoscabo de fondos públicos, al tiempo que ha señalado que es verdad que otras instancias de la administración sí recibieron algún informe en relación con esas transferencias de financiación en los que se apuntaba que podía haber alguna situación de "inadecuación", lo que daría lugar, a su juicio, a discusiones técnicas tratando de solucionar algunos problemas. Ha querido dejar claro que esos informes nunca llegaron al Consejo de Gobierno y que él, como presidente, no tenía la obligación de conocer cómo era el procedimiento de concesión de ayudas ni cuánto dinero recibían los trabajadores acogidos a las pólizas.
Ha explicado que a él se le condena porque era el presidente de un Gobierno que aprobaba los presupuestos de la comunidad donde se incluían esas ayudas y las modificaciones presupuestarias y que "llegaban con todos los trámites cumplidos". Ha apuntado que cuando el Consejo de Gobierno aprueba el presupuesto no es un acto administrativo sino "político".
El expresidente también ha expresado, tras las manifestaciones que han estado haciendo especialmente PP-A y Podemos sobre este caso, que le sorprende que, durante diez años con diez presupuestos, ninguno de los cientos ni miles de diputados que han pasado por el Parlamento de distintos partidos políticos, que planteaban enmiendas a los presupuestos de la comunidad, advirtiera de que había percibido "ilegalidad" en las partidas presupuestarias para esas ayudas a trabajadores o en las transferencias de financiación.
PRESIONES POLÍTICAS, MEDIÁTICAS Y SOCIALES
Para Chaves, es evidente que a lo largo de estos años este proceso judicial ha estado sometido a "presiones políticas, mediáticas y sociales", hasta el punto que se ha creado "un ambiente de presunción de culpabilidad de todos nosotros". "El proceso, desde el primer momento y hasta el último momento, no se ha abstraído de este clima de culpabilidad", ha sentenciado Chaves, quien ha apuntado que no sabe si ello ha "influido o no en los jueces".
Chaves ha mostrado su preocupación por que se haya acusado, especialmente desde el PP-A o Podemos, a los expresidentes o exconsejeros de haber "robado el dinero de los trabajadores", cuando eso no ha ocurrido. Ha indicado que los 6.400 trabajadores acogidos a los ERE están cobrando su indemnización y la seguirán cobrando hasta el año 2025, cuando cumplan los 65 años, de tal manera que los presupuestos de la comunidad que ha elaborado el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) contienen una partida de cerca de 40 millones para ese pago de ayudas.
En cuanto a los cerca de 200 intrusos que entraron en esos ERE, Chaves ha señalado que tendrán que ser juzgados en cada unas de las causas que se tienen que seguir llevando a cabo en los tribunales. Ha insistido en que el 90 por ciento de los más de 600 millones de euros de los que se hablan en la causa han ido destinados a los trabajadores parados que entraron legalmente en esos ERE.
Preguntado sobre si este caso ha sido un caso del PSOE, Manuel Chaves ha estimado que al final ha sido un "caso de miembros del PSOE que han estado en la Junta". Ha señalado que nos guste o no, es "lógico" que los ciudadanos lo hayan identificado con el PSOE.
Asimismo, Manuel Chaves ha querido poner el acento en que "en ninguna línea" de la sentencia se dice que haya algún miembro del PSOE que se ha enriquecido; que el PSOE se haya financiado ilegalmente; que se haya financiado una campaña electoral, o que haya "habido una red clientelar del PSOE".
El expresidente ha expresado que agradece al PSOE que haya defendido su "honestidad" y la del también exjefe del Ejecytivo andaluz José Antonio Griñán, y ha apuntado que también agradece la "solidaridad y apoyo" que ha tenido de miles de militantes y de ciudadanos.
Para Chaves, seguramente la Junta se habrá "equivocado" en muchas cosas y que alguien en un momento determinado pudo cometer un "abuso o ilegalidad en el procedimiento", pues que la "justicia caiga sobre esas personas".
