La Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa) ha denunciado esta mañana que un convenio firmado en marzo de este año entre la Consejería de Cultura y La Caixa, una vez conocido en julio el dictamen de la Comisión de Patrimonio en el que ésta pedía un paquete importante de cambios en el proyecto básico del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, en sintonía con las peticiones hechas por ADEPA, “deja la puerta abierta a modificaciones en profundidad y graves” sobre lo acordado en el convenio firmado en diciembre de 2017 entre la citada ADEPA, la Consejería y la entidad bancaria. Un convenio que fue el resultado de una sentencia judicial favorable a ADEPA.
La Consejería de Cultura ha replicado al instante, aclarando que “nuestra referencia cien por cien” es el convenio de 2017. “Ése es nuestro compromiso a tres bandas”, han recalcado fuentes oficiales del departamento que dirige Patricia del Pozo, que aclaran, además, que lo firmado en marzo entre la Consejería y La Caixa no es un convenio sino un “acuerdo para el desarrollo y ejecución del nuevo proyecto básico para la creación del centro cultural en las Reales Atarazanas de Sevilla”. En la misma línea se han manifestado fuentes de La Caixa, que aclaran que el proyecto básico modificado ya está “consensuado” con la Junta (entregado por tanto por el arquitecto) y que pasará “en breve” a la Comisión de Patrimonio para su aprobación. Será la Consejería, como propietaria del inmueble, “la que pida la licencia”. La Junta y La Caixa, que “mantiene su compromiso cien por cien con lo firmado en diciembre de 2017”, tienen prevista una próxima reunión para seguir perfilando los pasos a dar.
El acuerdo de marzo, al que ha tenido acceso la asociación a principios de noviembre después de tener que solicitarlo por el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, recoge en su punto segundo la intención de “no ejecutar, de común acuerdo, algunas partidas que se considerasen no imprescindibles para la apertura, puesta en marcha y desarrollo del centro cultural”. Entre esas partidas no imprescindibles se citan el mobiliario, la tienda de souvenirs, el refuerzo de la cimentación y la estructura de forjado de las naves. “Estos ejemplos revelan que se están planteando unas graves alteraciones del proyecto ya conocido que pueden afectar a la cimentación, a la estructura o a la imagen exterior del edificio, con el peligro para el patrimonio que todo ello supone”, ha puntualizado Adepa. La Consejería de Cultura, por su parte, explica que esas “posibilidades” se recogen en el acuerdo en caso de “incumplimiento” de lo acordado en 2017, “cosa que no va a pasar”.
El documento recoge el coste que tendría la ejecución del proyecto básico con los cambios propuestos por Patrimonio, organismo dependiente de la Consejería de Cultura: 13,1 millones de euros. “Los 10,8 millones de euros que hemos dicho siempre, más el IVA”, han puntualizado fuentes de La Caixa.
El presidente de Adepa, Joaquín Egea, ha leído textualmente partes del convenio, “hasta ahora desconocido”, y en él se recoge que La Caixa se “compromete a colaborar” con la Administración en la búsqueda de nuevas vías de financiación. Incluso se deja constancia de la posibilidad de “explorar” la vía de financiación por parte de la “Fundación El Monte-San Fernando” (Fundación Cajasol desde hace años) de una “segunda fase”. Cabe recordar en este punto que la Fundación comprometió en su momento partidas presupuestarias para costear actividades una vez ya estuviera abierto el centro cultural en las Atarazanas.
“Si quieren abaratar el proyecto que lo hagan por el camino más recto: que lo traigan a la Comisión de Seguimiento del convenio de diciembre de 2017 para que valoremos las propuestas”, ha sentenciado Adepa. “No debe haber ninguna preocupación. Vamos a cumplir íntegramente lo acordado en 2017”, enfatizan las fuentes oficiales de Cultura consultadas.
El “dislate”, en palabras de Egea, concluye con un tercer punto del nuevo convenio ahora desvelado en el que se fija “la disolución de la Comisión de Seguimiento”, formada por tres miembros de la Consejería de Cultura y otros tantos de Adepa, y de la que La Caixa se marchará, tal y como así se refleja en el convenio del pasado mes de marzo, si las partes no aceptaran la disolución propuesta. Adepa no tiene intención de hacer tal y cosa y “no pueden amenazarnos con irse cuando nunca han estado”, ha subrayado. Pero para Cultura, esa disolución se plantea “una vez esté todo ejecutado”.
Siendo éste el enésimo capítulo en torno a la rehabilitación y reapertura de las Atarazanas como centro cultural, Adepa ha solicitado con fecha 20 de noviembre al nuevo director general de Patrimonio de la Consejería de Cultura, Miguel Ángel Arauz, la “inmediata” convocatoria de la Comisión de Seguimiento para conocer tanto el contenido del nuevo convenio o acuerdo como el proyecto de ejecución que según “la aseveración que nos hiciste se encontraba en la Gerencia de Urbanismo o el Colegio de Arquitectos”, reza el escrito sellado en el registro.
En este punto, las fuentes consultadas en Cultura reiteran que la Junta de Andalucía “tiene el compromiso de empezar lo antes posible” el proyecto. Y el proyecto que salió del convenio de diciembre de 2017 a tres bandas y que Adepa cree ahora que La Caixa está “boicoteando”.
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