El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves ante el Pleno del Parlamento su preocupación por el aumento de la violencia con motivos ideológicos, vinculada a delitos de odio, en la mayoría de los casos protagonizada por gente joven, en espacios de debate o foros públicos como pueden ser las universidades, al tiempo que Vox le ha reclamado que desde el Gobierno autonómico se inste al Consejo Andaluz de Universidades para que se adopten medidas, incluso de "carácter punitivo o sancionador", para impedir que un "grupo de gamberros peligrosos" pueda boicotear el desarrollo de determinados actos.
El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha preguntado al presidente, durante la sesión de control del Parlamento, sobre si la Junta tiene previsto tomar alguna medida para "ataques a la libertad de cátedra y de expresión" como el que se produjo el pasado día 22 cuando un "grupo de gamberros peligrosos" intentó "reventar" el desarrollo del 'Congreso Internacional Bioderecho, Administración y Dignidad Humana', organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, durante la participación del catedrático de Filosofía del Derecho de tal institución y diputado electo de Vox en el Congreso por Sevilla, Francisco José Contreras, y el exministro de Interior por el PP Jaime Mayor Oreja. Según Hernández, ese boicot iba en línea con los que vienen protagonizando "líderes de formaciones de extrema izquierda, partidarios de una violencia selectiva" en varios puntos de este país.
El presidente de la Junta ha manifestado su "enérgica repulsa" contra toda actuación que persigue violentar la libertad de expresión en cualquier institución, foro y acto, como lo ocurrido en la Universidad de Sevilla. Ha recalcado que esos hechos son impropios de una democracia madura, donde todos tenemos que aprender a respetar las discrepancias y defender libertad de expresión, así como la de cátedra, en el caso de la universidad, ya que ambas están constitucionalmente protegidas.
Ha señalado que la Universidad de Sevilla ya está actuando para saber lo qué ha ocurrido y que el propio decano de Facultad de Derecho universidad de derechos ha solicitado la apertura de investigación para identificar a las personas que boicotearon ese acto.
Moreno ha garantizado que su Gobierno estará muy pendiente del seguimiento del tema por parte de las autoridades universitarias y se ha mostrado convencido de que éstas actuarán con la "máxima diligencia" y conforme a los procedimientos académicos establecidos, que son "duros" cuando se coarta la libertad de expresión.
Para el presidente, es muy preocupante el crecimiento de la violencia por motivos ideológicos o por delitos de odio y por ello ha considerado que desde las instituciones y desde la propia sociedad se tiene que hacer un esfuerzo para respetar a todo aquel que no piensa como nosotros. Ha señalado que él intentará practicarlo al máximo e impulsar ese mensaje desde su Gobierno, porque ningún pensamiento social o de cualquier tipo puede ser "boicoteado" por nadie.
Para Moreno, está fuera de lugar en un sistema político democrático que cuando una persona quiere expresar sus ideas vengan otros a intentar coartarle en esa libre expresión, lo que no es positivo ni para el presente ni el futuro de Andalucía.
Por su parte, Alejandro Hernández ha manifestado que este tipo de "hazañas de pseudoestudiantes son más reprobables" por llevarse a cabo en una institución como la universidad, donde rigen principios como la libertad de estudios o de investigación, en definitiva, la posibilidad de formarse en libertad. Ha mostrado su preocupación por la "impunidad con la que tienen lugar estas coacciones" y por el hecho de que los vigilantes de seguridad de la Universidad de Sevilla dijeran que tenían órdenes expresas del rector de no intervenir durante la celebración del congreso, aunque se "violase el derecho a la libertad de expresión".
Ante esa situación, ha demandado al presidente que el Gobierno andaluz
inste al Consejo Andaluz de Universidades para que se adopten medidas, incluso de carácter punitivo o sancionador, para impedir este tipo de actuaciones y para que se garantice la seguridad y libertad de estudiantes y docentes. Ha apuntado también la posibilidad de que las universidades suscribieran convenios con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "si fuera necesario".
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