El informe publicado por VIVA JAÉN en su primer número de ‘extra’ sobre la situación del transporte público de la ciudad ha suscitado un amplio consenso político y social a la hora de exigir, ya, mejoras en el servicio del autobús urbano, el que tiene peor valoración entre la ciudadanía. Un servicio que desde 1961, y sin concurrencia pública alguna, viene prestando de forma ininterrumpida la empresa Castillo.
El alcalde, Julio Millán, pone en valor la decisión del equipo de gobierno de revisar de oficio la prórroga que en 2005 se hizo por otros 25 años del contrato de Castillo. “Lo que queremos es romper las cadenas, una de ellas, que lastran el futuro de la ciudad y que nos permita adentrarnos en el siglo XXI con servicios públicos de calidad. Para ello queremos favorecer la competencia en un servicio que, desde 1961, no ha tenido concurrencia alguna. Y una mejora que debe estar ligada a la movilidad, el cambio climático, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que favorezca al comercio, al ocio y a la actividad económica en la ciudad”, manifestó el alcalde.
Desde la otra pata del gobierno local, María Cantos, de Ciudadanos, tiene claro que el proceso administrativo abierto contra Castillo era “un clamor popular que estaba pidiendo la ciudadanía desde hace muchísimo tiempo”. “Nuestro compromiso”, subraya Cantos, “es mejorar el servicio de transporte público y darle la legalidad que debería tener. Jaén lo viene reclamando y no es justo para la ciudadanía”.
Desde el PP, el principal partido de la oposición, su portavoz, Manuel Bonilla, valoró el trabajo periodístico publicado ayer por VIVA JAÉN, pero expresó las dudas de su grupo de que la revisión de oficio de la concesión emprendida por el actual gobierno municipal vaya a prosperar. “Es cierto que, como ya dijeron en 1995 los catedráticos Jiménez Blanco y José Castillo, en este tema se han hecho muchos errores por todas las partes, pero la revisión de oficio tiene muchas posibilidades de fracasar porque han pasado ya 14 años desde la prórroga, y le estaremos dando nuevas armas a la empresa”, indicó Bonilla. Y, desde la premisa de que el objetivo es la mejora del servicio público, el portavoz popular sostiene que la vía más aconsejable sería “exigirle a Castillo que cumpla el contrato y, en caso de no hacerlo, abrirle los correspondientes expedientes sancionadores que, si son reiterados, podría dar lugar a la retirada de la concesión.
Bonilla recuerda que en epílogo del anterior mandato el PP tramitó el primer expediente sancionador contra una concesionaria, en este caso FCC.
Precisamente, la apertura de expedientes que puedan dar lugar a rescindir el servicio es la vía que propugna el grupo de Adelante Jaén. “Creemos que hay motivos más que suficientes para ir más allá de la revisión de oficio y se puede llegar a rescindir el contrato en base a los reiterados incumplimientos e infracciones de la empresa”, indicó el edil Javier Ureña.
Adelante Jaén es el único grupo que se ha mostrado también favorable a la municipalización del servicio de transportes.
Finalmente, Salud Anguita, de Vox, también recela de la eficacia de la revisión de oficio, un proceso, dijo, que será largo y sin garantías de éxito para el Consistorio. “Nosotros pedimos ser valientes y que se hagan inspecciones cada dos meses ante los reiterados incumplimientos que hay y, en base a ello, o se corrigen y tenemos un servicio correcto de transporte o se inicia el expediente para rescindir el contrato”.
Mientras tanto, Jaén, Sentido y Común (el grupo heredero de Jaén en Común que perdió su representación en el Consistorio) presentó ayer sus alegaciones al expediente de nulidad de la prórroga del contrato con Castillo. Las alegaciones fundamentan la nulidad de la prórroga realizada en 2005 en base al informe elaborado por el catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Complutense, Julio V. González García. “Declaración de nulidad, rescate del servicio, debate público y municipalización es lo que la mayoría de nuestra ciudad demanda”, señaló Jaén, Sentido y Común en un comunicado.
Desde la Plataforma Ciudadana ‘Jaén Merece Más’ confirman que como concesionaria, la empresa “tiene que ser controlada por el Ayuntamiento”, explicando que los gobiernos municipales “tienen una deuda histórica con Jaén y su servicio de transporte de autobús urbano”. Dicen: “No es acorde a una capital de provincial”. Apuestan por microbuses, líneas que lleguen a todos los barrios, una mayor frecuencia de paso, vehículos sostenibles con el medioambiente y marquesinas con sistema de horarios de llegada y preparadas para la espera de los viajeros. El movimiento vecinal ha reclamado siempre mejoras en un servicio público de transporte de autobús que “no atiende a todos los barrios”. La presidenta de la Federación ‘Objetivos Comunes’, Josefa Alcántara, puntualiza que “hay muchos barrios sin comunicar, especialmente los de la zona Sur”, ejemplificando casos como el del barrio de La Magdalena, “sin horario fijo”; o el de El Tomillo, “que supone una hora de tiempo para llegar”. Dice: “En todos los barrios, los vecinos tienen quejas por el autobús”.
Desde OCO confían en que si saliera adelante una nueva licitación, más empresas optarían a ofrecer un servicio de calidad para los viajeros.
Entre otros, para los universitarios. Desde la Universidad de Jaén (UJA), sus estudiantes se quejan de “la nefasta gestión del servicio de autobuses”. La presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UJA, Enara González, confirma que la noticia del proceso para la retirada de la concesión a la empresa se recibió entre el colectivo estudiantil como “buena” porque el servicio actual requiere una “revisión”. Dice: “Tenemos que estar media hora antes en la parada y pensar que pasará algún autobús que llegue a la Universidad. Los profesores están acostumbrados a que los alumnos lleguen tarde por culpa del autobús”. González recuerda que “al ser una concesión, los políticos tienen que preocuparse porque la empresa respete el acuerdo que tienen”.
El Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio, Juan Manuel Rosas, recuerda el compromiso de la UJA “por la promoción de la movilidad sostenible, el fomento del uso del transporte público, el coche compartido, y las alternativas de movilidad que reduzcan al máximo el impacto ambiental de los desplazamientos al campus”. De hecho, están ultimando “un plan de movilidad sostenible que aúne la optimización de los desplazamientos a la UJA con la promoción y facilitación de modos de desplazamiento sostenible”.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres ‘Los Olivos’, Pedro Delgado, reconoce que el servicio de autobuses “nunca ha contemplado que las familias que quieren llevar a sus hijos en transporte público puedan hacerlo porque si no hay puntualidad, no hay certidumbre de llegar en hora a clase”. Delgado reconoce que el servicio es “deficitario” y que no pueden utilizarlo porque “no ofrece confianza a los viajeros por los horarios inciertos”. No valora la retirada de la concesión a la empresa, sólo la necesidad de “potenciar un servicio de calidad, un transporte puntual”, que, con la entrada en funcionamiento del tranvía, “coordine líneas y permita una movilidad sostenible”.
El presidente del colectivo comercial MÜY, Francisco Marín, confirma que el servicio no responde a las necesidades de los consumidores, “desprotegidos” ante sus adversidades. En una encuesta entre 15.000 personas, “el 70% señalaba que el servicio era deficiente”.
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