Es un problema que está ahí y lo saben en el Ayuntamiento que está diseñando una plica que recoja las necesidades reales de la ciudad y lo haga bajo los parámetros más sostenibles, santo y seña del que hace gala el equipo de Gobierno local. Y es un problema que no sólo afecta a la empresa Hidralia, sino a otras muchas que han ido absorbiendo servicios comlementarios del original y ha asumido otras plantillas con otras condiciones laborales.
Eso es sí debería ser un problema interno de las empresas, pero ya se vio con la concesión del Servicio de Limpieza que no es así. Antes bien, los problemas laborales internos de las empresas se pueden traducir, si no hay un diálogo fluido, en un problema social según en qué forma afecten al servicio en cuestión.
En Hidralia se establecen esos dos servicios complementarios con plantillas distintas dentro de la misma empresa. Los trabajadores que se dedican a la gestión del agua tienen un convenio colectivo, mientras que los que se dedican a la limpieza del alcantarillado tienen otro. La diferencia es que los segundos cobran mucho menos que los primeros. Y mucho menos es mucho.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, reconocía a este periódico que ese problema existe en Hidralia y de la misma forma, que la masa salarial de las empresas que se presentan influyen en sus contratos y el buen fin del servicio.
Y eso es lo que menos quiere un Ayuntamiento, conflictos laborales en servicios públicos de primera necesidad, de los llamados estratégicos, máxime cuando la prórroga en la que está el contrato actual con Hidralia fue una decisión difícil a cambio de poder contar con una plica con garantías de solidez.
La cuestión, sin embargo, no es la diferencia de salarios entre trabajadores de distintas ramas de una empresa, caso también de los operarios de recogida de residuos sólidos de Urbaser que ganan más que los de limpieza viaria y vienen quejándose desde hace tiempo a la espera de que el cambio de empresa sirva para algo.
La cuestión es la decisión de las empresas una vez que obtengan la concesión de un servicio y las condiciones en las que obtengan esa concesión. Por ejemplo, en la concesión del servicio de Limpieza eran los propios representantes de los trabajadores los que decían que a la empresa Cespa no le salían las cuentas y auguraban conflictos.
Ese problema sigue ahí latente, como lo está también en Hidralia con cuyos responsables sindicales -los de los trabajadores de alcantarillado- este periódico no ha podido hablar y no por no haberlo intentado.
Generalmente, hacia abajo
Y es que decía bien la alcaldesa cuando decía que la masa salarial influye en las concesiones y en el desarrollo del servicio por cuanto refleja el personal con el que se va a contar. Pero cuando se dan los casos de plantillas con distintos cometidos y sueldos, el ajuste para obtener beneficios en los casos de propuestas a la baja son peligrosas.
Los trabajadores que más ganan suelen estar acogidos al convenio laboral negociados por los sindicatos con la empresa, mucho más beneficiosos para los empleados que los que están a expensas del convenio estatal del sector.
Los primeros tienen una vigencia de determinado número de años y en algunos casos se firman el último día del año, caso del actual de Urbaser, con lo que los trabajadores están con las carnes abiertas.
¿Por qué? Pues porque las empresas que consiguen la gestión del servicio en una nueva licitación pueden presentar un presupuesto a la baja y para obtener ganancias optan por no llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo más favorable a los trabajadores. En ese caso, todos los trabajadores pasarían a regirse por el convenio estatal del sector reduciendo los sueldos de la plantilla y otros derechos adquiridos.
Por eso se miran con lupa las condiciones en las que puja ma empresa y las intenciones que tiene cuando existe el problema mencionado.
Los conflictos laborales en esos servicios redundan en una menor calidad de la prestación, en paros y huelgas de las plantillas y en críticas a los ayuntamientos que son los titulares de esos servicios externalizados.
Recursos a la prórroga
Las empresas Aqualia y Acciona Agua Gestión han presentado sendos recursos a la decisión de revocar el acuerdo del Pleno del 26 de abril de 2018 por el que se denunciaba el contrato de Agua y Alcantarillado y no se prorrogaría.
Ese acuerdo quedó anulado por otro del 31 de julio de 2019 en el que los socialistas y Vox lograron la revocación y un plazo de cuatro años para que el Gobierno municipal redactara una plica adaptada a las necesidades de la ciudad y conforme a los nuevos criterios sostenibles de los que hace gala el Consistorio.
Aqualia basa su recurso en que la denuncia del contrato en 2018 favorecía a las empresas del sector al tener la posibilidad de presentarse a la consiguiente licitación de un nuevo contrato. También se argumenta que no hay más motivo para revocar el pleno de 2018 que un cambio de criterio arbitrario por parte del Gobierno, como también la necesidad de tres años para redactar otra plica.
En el caso de Acciona Agua Gestión se justitica el recurso en doctrinas del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional al fijar el concepto de interés legítimo. Considera que en este caso hay falta de interés del Ayuntamiento en licitar el servicio y no ofrece un cronograma justificativo de periodo de tres años que se concede el Gobierno local para redactar la nueva plica.
Por parte del Ayuntamiento de San Fernando, la secretaria general arguye que en el pleno de abril de 2018 no acuerda una nueva licitación, por lo que los recursos se fundamentan en proyecciones de futuro de ambas empresas. Además considera la prórroga de julio de 2019 como necesaria para establecer la relación entre las partes.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, confirmó a los periodistas que los recursos no se iban a aceptar después de que el portavoz de Andalucía por Sí, Fran Romero -ex delegado de Desarrollo Sostenible en el Gobierno anterior que denunció el contrato- justificó su oposición a la revocación del pleno de 2018 y a la prórroga del contrato con Hidralia a que “el gobierno llevó de forma unilateral a pleno la revocación del acuerdo, votamos que no porque no estaba justificado al ser un acuerdo beneficioso. Principalmente porque se acababa con la subida anual del 3,25 por ciento”, en referencia a las condiciones de actualización de la plica.
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