Ciudadanos registrará en la Cámara autonómica una Proposición no de Ley (PNL) para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos en caso de sentencias judiciales por corrupción política, ha anunciado el portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero.
Es una medida “de justicia social y de justicia moral” y que responde al clamor “de la sociedad del siglo XXI”, ha afirmado el dirigente de la formación naranja, que ha participado en un acto en Jerez de la Frontera, según ha informado en un comunicado.
Romero, que ha señalado que “Ciudadanos está tan indignado como cualquier andaluz” ante la sentencia de los ERE y la imposibilidad de reclamar por vía penal los 680 millones “que han robado a los andaluces”, ha explicado que el objetivo de esta PNL es que “en caso de que el corrupto no pueda pagar, los partidos paguen el dinero que sus políticos hayan robado a los ciudadanos”.
“Todos los ciudadanos somos honrados, honestos y trabajadores. Ninguna familia andaluza, ningún autónomo, ningún cirujano, ningún ama de casa, ni ningún desempleado, puede pagar el pato del dinero que se llevaron otro”, ha subrayado el parlamentario andaluz.
Por este motivo, Romero se ha mostrado esperanzado en que “el resto de partidos políticos se sumen a esta iniciativa” para que salga adelante “por unanimidad y podamos decirle al Gobierno de la nación que modifique todos los ámbitos legales para que, cuanto antes, los partidos paguen la corrupción de sus afiliados”.
Romero ha insistido, además, en que la dirigente socialista Susana Díaz dimita “por honradez, por honestidad, por integridad y por decencia”.
En su opinión, “es insultante que se limite a pedir perdón” y “tiene que asumir responsabilidades porque es la secretaria del PSOE andaluz y, por tanto, también responsable moral de lo que su partido hizo con todos los andaluces”.
El portavoz parlamentario de Cs ha subrayado que debe dimitir también porque “en 2016, como presidenta de la Junta, ella personalmente retiró la acusación particular de la Junta, usando a los letrados de la Junta, con lo que impidió reclamar responsabilidades penales a los condenados”.
“Puso la mano en el fuego y ha sido la Justicia, no un partido político, la que ha encontrado delito hasta 61 años de cárcel y 252 de inhabilitación para cargos socialistas”, ha sentenciado.
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