Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía, dos directores generales de Trabajo y dos secretarios generales de Empleo, acumulan ya dos condenas penales por irregularidades relacionadas con el destino de fondos públicos tras ser castigados en un lapso de seis meses por el caso Umax y los ERE.
Se trata de Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, que se sucedieron en la Dirección General de Trabajo entre 1999 y 2010, y Javier Aguado y Lourdes Medina, que se encargaron de la Secretaría General Técnica de Empleo entre 1996 y 2012, excepto en el periodo 2000-2004.
Todos han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en la pieza política de los ERE, que se hizo pública el pasado 19 de noviembre, como también lo fueron en el caso Umax, del pasado 30 de mayo, aunque ninguna de esas sentencias es firme, ya que admiten recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En los ERE, la Sección Primera los ha condenado a todos por prevaricación y a los ex directores generales también por malversación.
En Umax, la Sección Tercera los consideró culpables de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.
El más perjudicado por ahora es Guerrero, que suma casi 14 años de cárcel, ya que en la pieza política de los ERE fue condenado a 7 años, 11 meses y 1 día, mientras que la pena en Umax fue de 5 años y 9 meses.
También son ya casi 30 años de inhabilitación en total para el ex director general de Trabajo, 10 por Umax y 19 más 6 meses y 1 día por los ERE.
Por esta última causa, Márquez ha sido condenado a 7 años y 1 día de cárcel y 18 años y 1 día de inhabilitación absoluta, mientras que en Umax lo fue a 5 años y 3 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación, con lo que acumula 12 años y 3 meses de prisión.
Aguado y Medina han sido absueltos de malversación en los ERE, pero han sido condenados por prevaricación, el primero a 9 años de inhabilitación especial y la segunda, a 8 años, 6 meses y 1 día.
Ambos fueron castigados con 5 años y 3 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta en Umax.
En ese primer caso, el tribunal condenó a los cuatro ex altos cargos y al administrador de la empresa beneficiada a pagar solidariamente a la Junta varias indemnizaciones por 1.353.672,05 euros en total.
El tribunal consideró probado que los encausados contrataron ilegalmente a personal de Umax entre 2003 y 2010 y que Guerrero decidió "crear una estructura de personal paralela a la administrativa", para lo cual "concertó verbalmente" con el empresario a quién contratar.
Estos empleados trabajaron en distintas sedes de la Consejería de Empleo y cobraron "las cuotas de la Seguridad Social, IVA y un porcentaje nunca inferior al 20% como beneficio empresarial", lo cual supuso un "perjuicio" para la Junta, "que no habría pagado estos conceptos" si la contratación hubiese sido "legal".
En esta situación hubo "al menos" 44 trabajadores, "algunos" de ellos "relacionados por vecindad y amistad" con Guerrero "y también parentesco" con Márquez, quien mantuvo el acuerdo aun "conociendo la ilegalidad".
Los fondos que acabaron en Umax provenían de subvenciones de Trabajo o la Secretaría General Técnica cuando la jefa era Medina, quien "era consciente de la contratación ilegal", igual que Aguado.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
