El caso de las facturas infladas al Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya investigación por la Guardia Civil comenzó en el verano de 2016, llega a la Audiencia de Jaén con los dos primeros farmacéuticos de los tres que deberán sentarse en el banquillo. Se trata de un matrimonio que regenta una farmacia en Huelma, aunque en el caso de ella el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento. El juicio se ha fijado para este miércoles, 20 de noviembre.
Tras meses de pesquisas, la investigación se cerró descartando que hubiera un fraude generalizado por parte de las farmacias en la provincia de Jaén, pero sí se presentó acusación en dos casos concretos que se enjuiciarán por separado, el primero de ellos este miércoles cuando ocupen el banquillo A.J.M.P. y su esposa C.G.C.
El segundo de ellos todavía no tiene fecha, pero sí se conoce quién ocupará el banquillo. Será la titular de una farmacia en la capital jiennense y una oftalmóloga acusada de prescribirse a sí misma un medicamento para facilitárselo a su madre.
En lo que respecta al juicio del próximo miércoles, el Ministerio Fiscal recoge en su escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press que A.J.M.O. "ideó un sistema para defraudar a la Administración Sanitaria de Andalucía, de tal manera que pudiera percibir cuantiosos ingresos económicos en la comercialización de medicamentos y productos sanitarios".
Fiscalía fecha la actividad delictiva entre septiembre de 2012 y octubre de 2016. Según se apunta desde el Ministerio Público, todo "giraba en torno a la facturación de los importes correspondientes a los medicamentos y productos que debían dispensarse a través de las recetas oficiales de la Seguridad Social, amparando el acusado su impunidad en la creencia de que la Administración no dudaba de la eficacia de su sistema de control".
Señala el escrito que el acusado "para conseguir su objetivo defraudatorio y de lucro ilícito, en las recetas electrónicas, "en muchas ocasiones, dispensaba sólo alguno o algunos de los medicamentos o productos prescritos, facturando, sin entregar, otros igualmente prescritos o no prescritos".
Además, en las recetas de papel, si estaban rellenas, "facturaba el importe de medicamentos o productos distintos y más caros que los prescritos" y si estaban en blanco "generaba como dispensado elque estimaba conveniente".
Así, "en multitud de recetas, el médico no había prescrito el medicamento facturado y supuestamente dispensado y ni siquiera el paciente consignado había pasado consulta con el médico prescriptor".
La Administración Sanitaria Andaluza le reclama 1.558.515,47 euros correspondientes a la facturación y cobro por el acusado de medicamentos y productos sanitarios que no ha dispensado ya que los mismos nunca le fueron suministrados por ningún proveedor".
Los hechos relatados han sido calificados por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento oficial y otro continuado de estafa por el que le reclama cuatro años y medio de cárcel y 2.400 euros de multa, además de indemnizar al Servicio Andaluz de Salud en 1,5 millones de euros.
En el otro caso, el que aún queda por señalar, el Ministerio Fiscal reclama para la farmacéutica M.L.H.G. cuatro años y medio de prisión, 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS en 932.684,89 euros.
También para la oftalmóloga A.P.R. el Ministerio Fiscal reclama un año de prisión por un delito de estafa continuada. En este caso se le acusa de entregar a la farmacéutica acusada nueve recetas en las que se prescribía a sí misma un medicamento prescrito a su madre en una consulta privada y que le era facilitado "a sabiendas de que no correspondía su financiación a través del sistema público".
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