En el banquillo de acusados está previsto que se sienten el promotor de aquella obra de rehabilitación, dos constructores, el encargado de la cuadrilla y el arquitecto. Estos cinco imputados se enfrentan a una probable condena por homicidio imprudente y a otra por un delito contra la seguridad de los trabajadores. En concreto, se pide para ellos cuatro y tres años de prisión respectivamente. Aunque cabe la posibilidad de que, si se demuestra la culpabilidad de estas personas, el magistrado aprecie la existencia de un concurso ideal y aplique la pena más alta, al tratarse de los mismos hechos.
Este siniestro suscitó una gran conmoción e indignación en la ciudad. Una sensación de rechazo que aumentó cuando se supo, además, que Jesús Mera ni contaba con contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. De ahí que la familia no se conforme ahora simplemente con que el juez le dé la razón o le garantice una indemnización. Más allá de esto, los parientes del fallecido exigen una “sanción ejemplar” para los demandados a fin de frenar en el futuro nuevos casos de este tipo.
Así lo afirmaba ayer a este periódico Francisco Javier García Marichal, el abogado que los representa y que ejerce la acusación particular. “Lo que ellos pretenden es que la muerte de Jesús Mera no quede únicamente en un número más dentro de la base de datos de la siniestralidad laboral”, indicó el letrado. Y eso pasa, a su entender, por adoptar un castigo aleccionador que siente un precedente e impida en lo sucesivo a los empresarios sin escrúpulos escatimar en prevención.
Según García Marichal, lo que está en juego en este proceso “es mucho”, ya que un dictamen contundente contribuirá, en su opinión, a evitar que la pérdida de vidas humanas en el tajo deje de contemplarse en el sector de la construcción “como un gasto más en la cuenta de resultados”. Un coste que, “desgraciadamente suele salir muy rentable”, agregó.
Las pruebas de los hechos
El argumento central que esgrimirá la acusación en este proceso estriba en la “falta de garantías” que había en el número 6 de San Roque. Esta circunstancia ha sido evidenciada en los informes elaborados por la Policía Nacional y por la Inspección de Trabajo al acudir a la obra tras ocurrir el accidente. El propio juez instructor habla en el sumario de “graves deficiencias” y hace referencia a la “total y absoluta ausencia de medidas de seguridad”, lo que, según asevera, provocó “la caída y el luctuoso desenlace”. Igualmente, señala que los imputados, “pese a estar obligado a ello”, no facilitaron al operario los medios necesarios para desempeñar su labor en condiciones de seguridad “ni tampoco hicieron lo posible por que hiciera uso de las medidas de autoprotección”.
Ya el año pasado el juzgado de lo Social número 1 condenó al promotor y a los constructores por el “despido improcedente” del hijo de la víctima y por la “contratación irregular” del sobrino, que también trabajaban en la misma obra que el finado. Pero estas sentencias han sido recurridas.
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