El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha recordado la investigación judicial de Francisco Cuenca (PSOE) en su etapa como delegado de la Junta de Economía Social después de que este pidiera su dimisión tras las pasadas elecciones generales del 10-N.
"Como Cuenca pide dimisiones basadas en la nada, yo le recordaría no solamente que está imputado, sino que es muy probable que dentro de nada esté en juicio oral, precisamente por una acusación por prevaricación y que va por la vía penal", ha asegurado a Salvador tras ser preguntado por los periodistas.
Salvador ha recordado que el PSOE "tiene recogido en los estatutos que en caso de que hubiera juicio oral conllevaría la dimisión del puesto de responsabilidad que esté desempeñando".
"Tiene que dar un paso, cumplir los estatutos de su partido y con la regeneración ética y democrática en las instituciones por ser una persona que lleva muchos años imputado por delitos penales y que además muy probablemente va a ir a juicio oral", le ha espetado el alcalde a Cuenca.
El portavoz provincial de Ciudadanos también ha pedido al concejal socialista que hagan una oposición "constructiva para la ciudad" y que "se comprometan a trabajar de la misma manera que cuando estaban en la alcaldía lo exigían a la oposición con tan solo ocho concejales".
"Que no trate de lanzar bombas de humo para eludir su propia responsabilidad. Una persona que lleva en política tantos años sabe que los procesos electorales son singulares. Sus palabras están totalmente fuera de lugar", ha apostillado Salvador.
El ahora portavoz de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento está investigado en el marco de unas diligencias, que tramitan como procedimiento abreviado, por supuesta usurpación de funciones en la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social durante 2010, 2011 y 2012.
Además de al exalcalde, esta causa investiga a otras 18 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, por los presuntos delitos de usurpación de funciones pública, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.
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