CiU incluyó esta enmienda en la tramitación en la Cámara Alta del proyecto de ley que regula las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), porque pretendía, adujo entonces, garantizar que las competencias en materia de energía permanecieran en las comunidades autónomas.
Además, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, acusó ayer al PSOE de haber modificado el modelo con una transacción que realizó a su enmienda original, en la que sólo hacía referencia a la cuestión competencial del prerregistro.
La supresión del pre-registro causó una gran insatisfacción en el sector de las energías renovables, que se quejó de inseguridad jurídica, por lo que CiU, el Grupo Socialista y el Ministerio de Industria han mantenido conversaciones para resolver este problema, y finalmente ambos partidos votarán hoy en contra de la enmienda del Senado para retirarla. De esta forma se restablecerá el pre-registro como había reclamado el sector.
Precisamente, cinco asociaciones de energías renovables -entre ellas la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN)- pidieron ayer a los grupos parlamentarios que rechazaran en el Congreso la enmienda del Senado.
En un comunicado conjunto, las cinco asociaciones se quejan de que, si desapareciera el pre-registro, sus inversiones podrían quedar fuera de la cobertura legal, lo que supondría que no podrían cumplir sus compromisos y verían "afectada" su credibilidad.
Además subrayaron que el cambio normativo que finalmente no va a aprobarse va en contra de la Directiva Europea de Renovables, y colocaría al sector en un estado de riesgo regulatorio en lugar de fomentar su estabilidad.
Soler se felicita por la retirada
Mientras, el consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, valoró ayer el anuncio de la retirada de esta enmienda, que calificó como un "error grave" que podría haber paralizado el desarrollo de un sector con "capacidad de liderazgo mundial".
Soler afirmó que con este anuncio se recupera "seguridad jurídica" y se evita el "daño patrimonial" que se podría haber causado a las empresas promotoras, eliminando además la "incertidumbre" de las entidades financieras que respaldaban estas iniciativas.
"No se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya se está jugando el partido y es inadmisible que se hayan producido tres cambios en la normativa del sector desde mayo", matizó el consejero.
En este sentido, recordó el trabajo realizado desde la Administración regional desde la pasada semana, a través del grupo parlamentario socialista y su portavoz adjunta, Mamen Sánchez. Asimismo, destacó el "importante esfuerzo" realizado en favor de un sector "de peso, con capacidad de inversión y generación de empleo", ante el que pidió "garantías" para la viabilidad de los proyectos en ejecución y de los que se encuentran en fase inicial.
Para Soler, "lo más importante y urgente" en estos momentos es que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio construya una "normativa estable, que permita la planificación a largo plazo, la internacionalización en las mejores condiciones y las inversiones en I+D+I", por lo que planteó el rechazo a la enmienda de CIU como "un paso más" para otorgar esta estabilidad al sector.
"España perdió la primera revolución industrial y ha estado a punto de perder la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por lo que se debe cuidar este sector verde que se establece como economía del futuro y donde somos líderes en tecnología", recalcó Soler, quien concluyó que "es de sabios rectificar".
Tras conocer la enmienda, la Junta de Andalucía advirtió de que, de salir adelante, existiría un "importante perjuicio" para el sector y pondría "en riesgo" las inversiones y los más de 7.000 empleos que crearían los proyectos de plantas termosolares actualmente en construcción en Andalucía.
Andalucía es la primera región de Europa en la que se han implementado proyectos comerciales de centrales termosolares y cuenta en estos momentos con 131 megavatios (mW) termosolares en funcionamiento y cerca de 567 mW en construcción. Estos 698 mW abastecerán a una población equivalente a más de 250.000 hogares, y evitarán aproximadamente 560.500 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a retirar 259.810 vehículos de la circulación.
La construcción de una planta de 50mW se desarrolla en aproximadamente dos años, un periodo en el que se estima que se generan 500 empleos, a los que se sumarían otros 70 puestos por cada planta, una vez puestas en marcha.
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