Actualizado: 22:20 CET
Domingo, 08/12/2019

Sevilla

Economía defiende que el presupuesto para universidades crece un 4,63%

La Consejería defiende, ante las críticas de estudiantes y rectores, que los 40 millones de remanentes no afectados buscan poder pagar la deuda pendiente

  • Rogelio Velasco.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destinará en 2020 un total de 1.458 millones de euros procedentes de los presupuestos de la Junta de Andalucía a financiar las universidades públicas andaluzas, una consignación que representa un incremento del 4,63% respecto al actual ejercicio 2019.

De esa cuantía global, 1.324,5 millones se destinarán a la financiación básica operativa, capítulo con el que se sufragan los gastos de personal y funcionamiento de estas instituciones educativas superiores. A estos fondos se suman casi 85 millones para planes de excelencia, coordinación y apoyo; programas de becas de excelencia para másteres; consejos sociales de las universidades y compensación de bonificaciones de matrículas por rendimiento académico: once millones para inversiones y 37 millones para actividades de investigación.

Al margen de esta financiación, que tiene como finalidad reforzar el sistema público universitario, "se liberarán 40 millones de euros para dar respuesta a una de sus principales y más urgentes demandas: el pago de la deuda pendiente de abonar y acumulada en años precedentes. El resto de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago con estas instituciones públicas se irá ordenando de forma progresiva en función de las necesidades de tesorería que presenten y de acuerdo con la disponibilidad de liquidez de la Administración", asegura la Consejería en un comunicado.

La Consejería de Economía recuerda que en el ejercicio 2019 autorizó por primera vez a las universidades el uso de sus remanentes, atendiendo así a una demanda histórica de las propias instituciones académicas que no había sido atendida por el anterior gobierno debido a las limitaciones de déficit. Así, en el presupuesto del presente año se permite la utilización de 40 millones para complementar la dotación presupuestaria.

Resolución de ayudas de investigación

Asimismo, las universidades y agentes públicos andaluces pueden contar con 65 millones de euros en ayudas de I+D+i, a medida que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad resuelva, entre finales de 2019 y principios de 2020, las convocatorias destinadas al fomento de la investigación que estaban paralizadas por el anterior gobierno. La de mayor cuantía corresponde a los incentivos destinados a actividades de investigación, que suman 35 millones y actualmente se encuentran en fase de evaluación, tras superar el proceso de subsanación. A esta se suma otra línea de incentivos que tiene como finalidad la adquisición de infraestructuras y equipamientos de I+D para agentes públicos, con un presupuesto asignado de 20 millones. Completan el listado los incentivos a universidades y organismos públicos para actuaciones de transferencia, que también cuentan con resolución definitiva y con una dotación de siete millones; y las ayudas para el Programa TalentiaSenior (2,9 millones) que está en proceso de resolución.


A estos fondos se sumarán otros 123 millones que se pondrán a disposición a través de nuevas líneas de incentivos a universidades y entidades públicas de investigación en un corto periodo de tiempo. Entre ellas destaca la convocatoria de ayudas por valor de casi 32 millones de euros para la contratación de 257 jóvenes doctores por parte de las universidades y también entidades públicas de investigación del sistema andaluz del conocimiento. Este programa de incentivos tiene como finalidad la contratación, por un período máximo de tres años, de investigadores posdoctorales demandantes de empleo o poseedores de la tarjeta de mejora de empleo, que hayan obtenido su doctorado en los cinco años previos a la convocatoria.

Estabilidad laboral del personal docente, investigador y administrativo

En las cuentas de la Administración autonómica se recoge el compromiso del nuevo Ejecutivo andaluz con la recuperación de derechos del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades andaluzas. 

La reciente resolución de la convocatoria de los complementos autonómicos que les corresponde percibir a docentes e investigadores --que estaba pendiente y que no se convocaban desde 2008--, ha posibilitado que las universidades puedan ya pagar estos reconocimientos de los méritos profesionales adquiridos por 9.977 personas. Para ello, el presupuesto para 2020 contempla el pago de los dos últimos tercios de este complemento autonómico, que supera los 20 millones de euros; así como el abono del complemento de productividad para el PAS, con lo que se termina de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la mesa de negociación de 2017.

Prioridades en materia universitaria

La Consejería de Economía centra sus prioridades en materia universitaria en la "reformulación del modelo de financiación, en la revisión del mapa de titulaciones y la reforma de la Ley Andaluza de Universidades. Para desarrollar estos objetivos se contará con los rectores y la comunidad universitaria".

Las universidades andaluzas están dotadas con menos recursos de los que tienen sus homólogas europeas y los modelos de financiación pública aplicados hasta la fecha no han sido capaces de subsanar áreas de ineficiencia. Por ello, "desde la Junta se está trabajando para disponer de manera inmediata de un borrador, que recogerá la adecuada valoración de las necesidades estructurales y se articulará teniendo en cuenta el rendimiento, siempre sobre la base de la objetividad y la transparencia. La nueva propuesta reflejará una apuesta por las actividades de investigación de excelencia, en todas las disciplinas, con el fin de reforzar los niveles de calidad ya alcanzados", concluye la nota.

En cuanto al mapa de titulaciones, la finalidad es trabajar con las universidades en una ordenación más racional de la oferta, que aumente los parámetros de calidad y eficiencia del sistema, y se buscará un acuerdo sobre los criterios que deben guiar la implantación de las nuevas enseñanzas.

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