El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude ha presentado conflicto colectivo en el Sercla de Sevilla contra la Empresa Sanitaria del Bajo Guadalquivir que presta servicios en los hospitales de Utrera, Écija, Morón, Sierra Norte, Lebrija y la Janda (Vejer de la Frontera). Este conflicto afecta a todo el personal laboral en fraude que aglutina desde hace más de 12 años a todo tipo de profesionales.
"Cabe recordar que el 90% del personal laboral está contratado como “interino laboral” desde enero de 2.007, situación completamente ilegal y abusiva, reconocida expresamente por el propio Tribunal Supremo. Por ejemplo, solo Ecija cuenta con más de 75 trabajadores en fraude y que han sido abusados laboralmente al no reconocérseles ningún derecho (estabilidad o indemnización) cuando es la empresa la que ha incumplido todos los elementos legales. En toda la empresa el número es superior a los 170 trabajadores", afirma el sindicato.
Ante esta situación por la que la Junta de Andalucía y en concreto el SAS "quiere despedir sin derecho a nada a todo este personal, este Sindicato en defensa de los derechos del personal víctima de esta nefasta gestión y tras el informe emitido por la letrada de la Unión Europea que ampara la estabilidad del personal, que como el tratado, esta abusado, lo presentamos y solicitamos, entre otras cuestiones, se nos indique si como sanción a este fraude se debe reconocer el vínculo como indefinido del Estatuto de los Trabajadores que se asmilla a fijo, o deben ser directamente trabajadores fijos".
Asimismo se solicita "se aclaren otros derechos como el de la reubicación preferente antes del despido e incluso la cuantía de las indemnizaciones a abonar en caso de despido por cubrirse la plaza, que no el “puesto de trabajo”. Esta demanda de conflicto colectivo se presenta para aclarar estos derechos y en inicio a la demanda inminente por daños y perjuicios así como depuración de responsabilidades a los sindicatos pertenecientes a la mesa así como a los propios gestores de la Empresa Pública y la Agencia, a la que quieren subrogar a todo el personal".
"La gran mayoría del personal es femenino y no se han tenido en cuenta las reglas que se determinan en el Estatuto de los Trabajadores. La idea de la Junta de Andalucía es despedir a todo el personal por entender que son personal enchufados y de ahí la idea del presidente Juanma Moreno de hacer una auditoria de personal para justificar el despido de todo trabajador que entrara a prestar servicios en época del PSOE aunque lo fuese bajo principios legales. Es el ERE más grande y grave que se prevé una vez pasen, como quieren, a ser plantilla del SAS. Para ello quieren subrogar a todo el personal a las Agencias Sanitarias y luego ser absorbidas las plazas por el Servicio Andaluz de Salud convocando todas a oferta de empleo ya que se les consideraría como estatutario temporales sin derecho a nada aun prestando servicios por más de una década. De esta manera se despide a todo el personal sin abonarles ninguna indemnización ya que el personal estatutario no tiene derecho a nada aun cuando es el empleador el que ha incumplido la ley. Las indemnizaciones que en su caso tendrían que abonar de querer zafarse de este personal superan los más de 5 millones de euros en caso de reconocerse improcedentes los despidos o dos millones y medio de entenderse objetivos", destaca.
"A día de hoy no hay ninguna cantidad prevista para indemnizaciones por lo que se iniciarán los trámites en depuración de responsabilidades penales y civiles así como la identificación de los responsables", concluye
