Antes de finales de octubre el Ayuntamiento de Sanlúcar tiene previsto adjudicar a una consultora externa la elaboración del pliego técnico y de condiciones para la futura gestión del ciclo integral del agua en Sanlúcar.
En la actualidad, el Consistorio mantiene contrato con la empresa Aqualia, que se encarga de la gestión integral del ciclo del agua pero desgranada en tres contratos: cobro, saneamiento y agua. Las pretensiones municipales, según lo llevado a Pleno el pasado mes de julio por el Gobierno municipal del Partido Socialista y Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, pasa por sacar a concesión los tres contratos unificándolos en uno sólo. Para ello, la corporación aprobó con el rechazo del Partido Popular y el Partido Andalucista, que fuera una empresa externa la que se encargara de elaborar estos pliegos. Un trámite que, según han confirmado fuentes municipales, se llevará a cabo en las próximas semanas.
A partir de ahí, y una vez la consultora elabore los requisitos que deberán reunir las empresas interesadas, el Consistorio sacará a licitación el servicio, toda vez que ya descartó la creación de una empresa pública que se prestara este servicio en base a los informes de los técnicos por la inversión que éste necesitaría.
DEBATE MUNICIPAL
La delegada del área de Infraestructuras, Milagrosa Gordillo, fue la encargada de defender en su momento ante el Pleno esta propuesta sobre la que expresó la “idoneidad de unificar los tres contratos y sacar a concesión el ciclo integral del agua” como una manera de “mejorar el servicio” y ante la imposibilidad de que el Consistorio hiciera frente a la creación de una empresa municipal. Los portavoces del Partido Andalucista y del Partido Popular alegaron “carecer de datos técnicos para tomar una decisión que va a hipotecar el futuro del Ayuntamiento por lo que supone de canon, de 2 a 3 mil millones de pesetas”, reprochando al mismo tiempo que “el Partido Socialista privatice este servicio cuando firmó un documento con el comité de empresa comprometiéndose a estudiar las posibilidades de municipalización de los servicios actualmente prestados por empresas privadas”. Gordillo puso entonces de manifiesto la “incapacidad” del Ayuntamiento para asumir el coste de creación de una nueva empresa “aunque nos gustaría” y matizó que este servicio público “es gestionado de forma indirecta por el Ayuntamiento y es éste quien fija los precios”.
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