La pesadilla de los vecinos de Paco Alba, 5 no termina del todo. El realojo de estas seis familias --asumido por la Delegación Provincial de Vivienda--, tras la caída de un techo en esa finca, vino a solucionar gran parte de sus problemas. Pero los afectados por aquel suceso se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo derivado de las trabas que están encontrando para cobrar las indemnizaciones que les corresponde por los perjuicios sufridos en sus hogares.
En el acuerdo al que llegó la Administración autonómica para adquirir el inmueble de La Viña y remodelarlo se contemplaba que tanto su anterior usufructuario como las monjas del convento de Santa María --herederas del edificio-- afrontarían al 50% los daños materiales que el derrumbe ocasionó a los inquilinos. Sin embargo, siete meses después del mencionado compromiso, los residentes no han visto ni un euro.
“Hay documentación firmada que acredita la existencia de ese pacto”, señalaba ayer a este periódico María, una de las damnificadas por el desplome acontecido en el número 5 de Paco Alba. Ella no alberga ninguna duda sobre el culpable de esta situación. Y apunta directamente con el dedo a quien fuera el administrador de la finca, al que define como “un hombre sin ningún tipo de escrúpulos y obsesionado únicamente con el dinero”.
Según alega esta vecina, el representante del ya ex usufructuario del inmueble estaría “jugando a aburrirnos”, a sabiendas de que “no contamos con recursos económicos suficientes para meternos en un juicio y reclamar lo que es nuestro”.
Con todo, la abogada que les lleva el caso, Carmen Tejonero, no descarta aún esta posibilidad. La letrada anunciaba ayer a este medio que, “de momento, continuamos a la espera de que los propietarios --en alusión al convento y al beneficiario-- respondan a nuestra oferta”. Y si no lo hacen pronto, “estudiaremos seriamente la opción de acudir a los tribunales”, advirtió.
Los residentes no han desvelado a cuánto ascienden las cantidades que demandan. Pero, según María, las peticiones económicas son “mínimas” en comparación con las pérdidas provocadas por un accidente que se debió a la mala conservación del inmueble. Una responsabilidad no imputable, obviamente, a sus inquilinos. De ahí su malestar por el desentendimiento del que hacen gala los antiguos titulares.
Por otro lado, no hay que olvidar que, por motivos de seguridad, los afectados apenas dispusieron de una hora para sacar sus objetos personales del edificio. De modo que muchas pertenencias de valor se quedaron allí. Y a eso hay que añadir, además, el “daño psicológico” que muchos padecen desde entonces a tenor de “la desgracia que por poco no se produjo”, explica María.
Mientras tanto, los inquilinos permanecen realojados hasta que la Junta acometa la reforma y puedan regresar a sus casas, ya rehabilitadas. La actuación conllevará una inversión de 1.080.100 euros y la construcción de siete viviendas. Seis de ellas tendrán dos dormitorios y la otra tres, de acuerdo con el programa de necesidades que en su día se diseñó para los habitantes de la finca.
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