Andalucía, sexta comunidad española en exclusión social, anota hasta 1,5 millones de personas en esta situación, el 18,6 % de la población, consolida la exclusión social severa que afecta a 760.000 andaluces y mantiene a otro millón de personas en el "filo de la navaja", como sociedad insegura.
Estas y otras conclusiones viene recogidas en el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la comunidad presentado por Cáritas Andalucía que ha alertado de la situación de estas personas y han reclamado a las administraciones públicas incrementar sustancialmente los presupuestos para estas políticas.
El informe (2013-2018) recaba los datos de un equipo que ha realizado un trabajo de campo en 662 hogares con 1.800 encuestas, que aprecia mejoras respecto a la situación de 2013, tras la crisis económica, si bien alerta contra la consolidación de la exclusión social severa y la precariedad.
La consolidación de la exclusión severa afecta a más población (760.000 personas) que antes de la crisis, mientras se detecta que un grupo importante de población (1 millón de andaluces) se encuentra "al filo de la navaja, lo que los expertos califican como la sociedad insegura.
Según el informe, la exclusión social afecta hoy en España al 18 % de la población, mientras en Andalucía se sitúa en 1,5 millones de andaluces, es decir el 18,6 por ciento de la población.
Algunas de estas familias de la comunidad ya vivían la exclusión durante la crisis económica e incluso han sufrido estas dificultades en la bonanza económica previa a la crisis, y la menos llevan poco tiempo en exclusión por haber perdido los elementos de compensadores que le permitían "seguir a flote"
Raúl Flores, secretario técnico de Foessa, ha lamentado que junto a la consolidación de estas situaciones se está produciendo la "naturalización" de las mismas y "asumiendo" que ante esta realidad de puede hacer "poco para cambiarla", extremo que ha negado.
En este sentido, el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, ha exigido al Gobierno, a la Junta y a las administraciones locales el "necesario esfuerzo" para incrementar "notablemente" los presupuestos en políticas sociales.
"Tenemos un déficit histórico en políticas sociales que hay que corregir", ha clamado Pérez de Ayala, que ha puesto como ejemplo la "sonrojante" cobertura del salario mínimo de integración de la Junta, del que ha dicho que se sitúa en el 20 % de los más de 700.000 andaluces en exclusión severa.
La exclusión está dispersa en el territorio andaluz, tanto en ciudades como pueblos y en barrios deteriorados como en barrios en buenas condiciones, aunque el 41 % de los hogares en esta situación residen grandes ciudades de más de 100.000 habitantes.
Sin embargo, resulta significativo como el informe refleja que los barrios degradados de Andalucía concentra un alto porcentaje de familias en exclusión, el 84 por ciento, porcentajes que duplica la media del conjunto español.
Además, casi 1 de cada 4 menores de 18 años, el 24 %, sufre situaciones de exclusión.
Desempleo, precariedad o los problemas de vivienda son una realidad "persistente" en estas familias en exclusión, de hecho el 10 por ciento de la población convive en hogares con todas las personas activas paradas.
El 12 % de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 15 % en exclusión social, con lo que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, recalca el informe.
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