Andalucía

Cs valora que la Oficina contra la corrupción sea por ley

"No dependa del partido que esté en el gobierno en un momento determinado. Habrá que respetarla y ser acatada por todos", ha subrayado

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  • Portavoz Parlamentario De Ciudadanos (Cs), Sergio Romero. -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha puesto este lunes en valor que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción se base en una ley y "no dependa del partido que esté en el gobierno en un momento determinado". "Habrá que respetarla y ser acatada por todos", ha subrayado.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, donde ha señalado que el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley que recoge la creación de esta oficina demuestra que "Cs cumple con lo que promete", ya que se trata de un punto del acuerdo firmado entre PP y Cs.

"La limpieza de las instituciones es uno de los objetivos de Ciudadanos", ha asegurado Romero, que ha recordado que en 2015 ya exigió "por activa y por pasiva" al entonces gobierno socialista de Andalucía "la limpieza y recomposición de la credibilidad política de Andalucía, pero no hubo forma".

Frente a esto ha hecho hincapié en la "mayor apuesta por la regeneración democrática de la historia de Andalucía" del Gobierno andaluz de PP y Cs mediante "la limpieza de las instituciones, levantando un muro contra la corrupción, recuperando la confianza y con una gestión responsable, efectiva y productiva".

En este mismo sentido, ha reconocido que "de nada serviría" bajar impuestos, rebajar las listas de espera en sanidad o atender a más dependientes "si después no somos capaces de avanzar en la parte moral, de ser impolutos y ejemplos para la sociedad". De esta manera, ha detallado que además, de esta oficina, también se trabaja en eliminar aforamientos, en limitar mandatos, en eliminar las redes clientelares y en colocar blindajes ante la corrupción.

Según ha explicado, esta oficina contará con una dirección elegida por los diputados parlamentarios, por tres quintas partes, y el resto del personal será funcionario de carrera. Contará con un presupuesto "suficiente" que se englobará en las partidas del Parlamento de Andalucía; el plazo para resolver las denuncias será de seis meses, con lo que "se quiere dar celeridad", y las infracciones pueden llegar a los 100.000 euros.

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