Así, Castillo, quien clausuró ayer unas jornadas sobre esta norma, se mostró convencida de que el diálogo parlamentario servirá para “mejorar” el texto, por lo que instó a los grupos parlamentarios a presentar sus posibles enmiendas al documento desde la “sensibilidad ambiental y económica y teniendo en cuenta el obligado respeto a la voluntad popular ya expresada tanto en el Acuerdo Andaluz por el Agua como en el propio proyecto de Ley”, ya que así, dijo, “tendrán cabida todas las aportaciones que se hagan”.
En este sentido, insistió en que el actual proyecto de Ley cuenta con el “consenso y respaldo más amplio que se hubiera imaginado” por parte de regantes, agricultores, empresarios o administraciones públicas, afirmando que la voluntad de acuerdo “ha sido lo que ha estado presente, primero, en la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua, y posteriormente, en el proceso de redacción de la norma”.
De este modo, resaltó que la Consejería ha dado “sobradas muestras” de su inclinación a aceptar las propuestas que se han planteado en los distintos borradores, señalando que, “no en balde, se han incorporado alrededor del 80% de las más de 1.000 alegaciones que se han presentado”.
Asimismo, defendió que el texto ha contado con el “respaldo unánime” del Consejo Económico y Social y del
Consejo Consultivo, órganos que a través de sus dictámenes han trasladado diversas observaciones que “también han sido tenidas en cuenta en la Ley”.
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