Andalucía

Roca niega el blanqueo en la pieza sobre la condesa Von Bismarck

El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ratificó ayer ante el titular del Juzgado número 5 de la ciudad sus declaraciones y negó un presunto delito de blanqueo de capitales en una operación urbanística.

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  • Juan Antonio Roca. -
El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ratificó ayer ante el titular del Juzgado número 5 de la ciudad sus declaraciones y negó un presunto delito de blanqueo de capitales en una operación urbanística.

En esta causa, pieza separada del caso Malaya, en la que el magistrado Óscar Pérez tomó ayer declaración indagatoria, se encuentran procesados, además de Roca, la condesa alemana Sandra Von Bismarck, y los abogados Francisco Antonio Soriano Pastor y Juan Luis Soriano Pastor.

El ex asesor urbanístico, que llegó sobre las 9.50 horas a las dependencias judiciales procedente de la prisión, se ratificó en su anterior declaración del pasado abril en la que, según apuntó su defensa a los periodistas, aclaró que “la operación era perfectamente legal”.

Por su parte, la condesa alemana Sandra Von Bismarck expresó a su salida de los juzgados marbellíes que mantuvo su declaración anterior y no aportó nada nuevo al caso.

En el caso de los abogados Soriano Pastor se señaló por parte de las defensas que a uno de ellos se le dirigió una pregunta de cómo se llevó a cabo la operación.

Según las mismas fuentes, éste indicó ante el juez que la operación se llevó a cabo “a través de transferencias y cheques” por lo que, según el abogado, no encuentran “dónde esta el delito”.

Por otra parte, el empresario murciano Tomás Olivo, imputado también en el caso Malaya, se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de prisión por delito contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto de sociedades de unos contratos firmados con empresas municipales de Marbella.

El ministerio público pide la apertura de juicio oral contra el promotor al entender que cometió un supuesto fraude de 450.000 euros a la Hacienda Pública, según el escrito al que tuvo acceso Efe. Además pide la misma pena para el que fuera apoderado y director financiero de la empresa General de Galerías Comerciales, G. R. O, por considerarlo cooperador necesario y una multa de un millón de euros.

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